Afirmamos antes y sostenemos ahora que la foto vende muy bien en el exterior: la imagen de un país con estructuras políticas sólidas, con una convivencia en la que el respeto está por encima de las ideologías y donde pueden dialogar dos ex presidentes de distintos partidos políticos. Es la contracara de la que puede ofrecer, por ejemplo, Argentina, donde los presidentes no se saludan, o Brasil, donde los candidatos se tratan de delincuentes y presidiarios.

El problema no es la foto ni lo que ella transmite en el exterior, sino lo que los uruguayos nos creemos. Es sintomático de nuestra idiosincrasia que lo que vendemos lo compremos nosotros mismos. Las conferencias y los libros en común no han dado resultado alguno, a pesar de que nos vanagloriamos de ellos. La realidad es otra.

No somos ni seremos, de seguir por este trillo, un país de primera. Cada vez se aleja más ese sueño, que se remonta al siglo pasado. No vamos a ser nunca más campeones del mundo, en gran medida porque ya lo fuimos y nos quedamos en el recuerdo: Maracaná nos mató.

Tampoco somos la Suiza de América, como se nos llamó en el siglo pasado. El deterioro social, político y económico cerró las puertas a cualquier expectativa de desarrollo. Con los índices de pobreza y de deserción estudiantil que exhibimos, con carencias educativas, con estudiantes de secundaria que no logran comprender lo que leen, con un crecimiento del 1 % anual y siendo un país caro y sin escala poblacional que atraiga inversiones, estamos en un atolladero muy difícil de sortear.

Tampoco somos la República democrática que creemos ser y que vendemos al exterior. Un país en el que el presupuesto asignado al Poder Judicial representa aproximadamente el 1,09 % del gasto del Gobierno Central —alrededor del 0,32 % del producto interno bruto (PIB)— no puede jactarse de ser una República donde se respete la separación de poderes y exista justicia para todos.

Si a ello le agregamos un Código del Proceso Penal que permite que una persona permanezca presa sin condena durante tres años, que admite el interrogatorio de los testigos de cargo mediante cámara Gesell, y la ausencia de un fiscal de Corte designado por las mayorías parlamentarias, el Uruguay tampoco puede jactarse de tener un sistema judicial acorde a una República democrática. El sistema penal es el mejor termómetro para medir esas carencias.

No podemos soslayar, en este deterioro social, el peso político que tienen los sindicatos a la hora de gobernar. Reformas como la educativa, leyes que buscan modernizar las relaciones laborales o las que promueven inversiones, son boicoteadas por gremios súper poderosos; la crisis portuaria fue una muestra del poder que tienen.

Podría seguir enumerando otras causas que conducen inexorablemente al estancamiento del Uruguay, cuando no a su retroceso. Las enunciadas alcanzan y sobran para dejar de soñar con la Suiza de América.