La libertad de prensa existe en el Uruguay desde su concepción. No es desatinado decirlo, así se quiso desde un principio, en contraposición a muchísimas repúblicas del mundo. Uno de nuestros próceres, de nuestros padres fundadores, lo asentó por escrito en un decreto del 17 de noviembre de 1838. El Gral. Fructuoso Rivera, en su segundo gobierno, dejó claro, textual, que la libertad de opinar y publicar opiniones por la imprenta es un derecho sagrado, comparable a la libertad y seguridad personal. También que el Gobierno renunciaba expresamente a entablar acciones judiciales contra quienes dirigieran ataques a través de la prensa contra las autoridades. ¡Año 1838! Con la misma ilustración y sin nada que envidiarle a los fundadores de los Estados Unidos.