Actualmente, el debate laboral en Uruguay parece, una vez más, correr por un carril distinto al de la realidad. Mientras buena parte de la discusión pública se concentra en la reducción de la jornada laboral o en nuevas regulaciones para los despidos, los hechos muestran algo bastante más incómodo: el empleo no se decreta, se genera. Y se genera —o se destruye— en función de la salud de la economía. Así de simple en las palabras, así de complejo en los hechos.

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Los últimos meses han sido elocuentes. Fíjese usted que desde 2025 hasta hoy, la noticia dominante no ha sido la creación de puestos de trabajo, sino todo o contrario, su pérdida. Empresas que bajan la persiana, otras que recortan personal y multinacionales que ajustan sus operaciones forman parte de un paisaje cada vez más frecuente. Más de 7.500 empresas cerraron en el segundo trimestre de 2025, una cifra superior a la del año anterior. Una cifra demasiado pesada y grosera.

Detrás de esta situación hay causas profundas, no caben dudas: cambios en los hábitos de consumo, aumento de costos internos, transformación tecnológica y pérdida de competitividad. Y como suele ocurrir, los más golpeados son las pequeñas y microempresas, sin margen para absorber shocks ni reinventarse rápidamente.

Pero cuidado, que tampoco las grandes compañías son inmunes. El cierre de Yazaki o los ajustes en empresas tecnológicas y de servicios globales son señales claras de un fenómeno más amplio. El mundo del trabajo cambia a una velocidad que la política no termina de procesar. Automatización, inteligencia artificial y digitalización están redefiniendo qué tareas se necesitan y cuáles ya no.

A esto se suma la competencia internacional. Las empresas comparan costos y condiciones antes de decidir dónde operar. Uruguay compite con países que ofrecen muchas ventajas en algunos aspectos. Creo que ignorar esto es no entender el problema.

Por eso, resulta difícil sostener que el empleo puede protegerse solo con leyes. La propuesta de establecer un preaviso obligatorio para despidos colectivos (como lo ha manifestado el propio Ministro Juan Castillo) puede tener una intención loable, pero apunta más al síntoma que a la causa. Cuando una empresa decide cerrar, lo hace porque su ecuación económica dejó de funcionar, señor Castillo; así que avisar antes no cambia esa realidad.

Algo similar ocurre con la reducción de la jornada laboral a seis horas. Puede ser razonable en algunos sectores, pero generalizarla desconoce la realidad de muchas empresas que necesitan flexibilidad para sobrevivir.

El riesgo es claro: si las reglas se vuelven demasiado rígidas, las empresas no se adaptan; se van. Y cuando se van, se pierden empleos y oportunidades. Más claro, imposible.

Esto no implica abandonar la protección al trabajador, sino hacerla más eficaz. Ampliar el seguro de desempleo o generar mecanismos de reconversión laboral puede ser más útil que sumar regulaciones que no inciden en el problema de fondo.

Porque el verdadero desafío es otro: no solo defender empleos, sino crear nuevos. Uruguay necesita discutir menos sobre cómo repartir el trabajo existente y más sobre cómo generarlo. Y eso exige competitividad, inversión, mucho menos trabas y mucho más formación.

Al final, la conclusión es simple: sin empresas que inviertan y crezcan, no hay empleo posible. Y ninguna ley puede reemplazar eso.