Hace ya décadas que, en Uruguay, las interpelaciones han perdido su razón de ser. Lo que alguna vez fue un instrumento de control político eficaz, hoy se ha convertido en una puesta en escena previsible: largas exposiciones, posiciones inamovibles y un desenlace que rara vez trasciende el empate parlamentario.

Para encontrar consecuencias reales habría que remontarse a las interpelaciones de Wilson Ferreira Aldunate. En aquel entonces, las mayorías se construían incluso en el fragor del debate, y el resultado podía ser letal para los ministros interpelados. Hoy, en cambio, el interpelado resiste —y muchas veces sale fortalecido—. No es un fenómeno nuevo ni exclusivo de un partido: cuando el Frente Amplio era oposición, la lógica era exactamente la misma.

El problema es más profundo. A la pérdida de eficacia institucional se suma el desinterés ciudadano. La sociedad no sigue las interpelaciones; apenas consume, filtradas por los medios, las conclusiones de cada bando. La versión taquigráfica es un documento muerto. Lo que ocurre en el Parlamento queda encerrado en el Parlamento.

La reciente interpelación en materia de seguridad pública dejó en evidencia algo alarmante: el gobierno asumió sin un plan de acción inmediato. Demoró un año en elaborarlo y aún no está claro cuánto llevará implementarlo. En un país donde la seguridad fue eje central de la campaña electoral, esta omisión no es menor: es estructural.

Mientras tanto, el narcotráfico avanzó. Nuestro mar territorial se asemeja cada vez más a una zona liberada: pesqueros extranjeros depredan recursos y organizaciones criminales operan con creciente libertad. La ausencia de patrullaje efectivo no es una percepción, es un dato de la realidad.

Pero lo más inquietante no es la falta de medios, sino la posible connivencia. Lo expuesto en la interpelación sugiere vínculos preocupantes entre narcotraficantes y actores del propio Ministerio del Interior. La hipótesis de que un criminal de alto perfil – Marset- haya operado como informante policial, y que su principal coartada haya sido un funcionario, no puede ser relativizada ni diluida en responsabilidades difusas.

En este contexto, debemos señalar que esos datos aportados por Bordaberry, dejan sin efecto la hipótesis que Carolina Ache tuvo participación directa en la entrega del pasaporte, ni ella, ni Bustillo ni Heber estuvieron involucrados, fueron muy desprolijos, pero culpables no. No todo pasa por la Cancillería ni por decisiones políticas de alto nivel. El núcleo del problema parece estar en los mandos medios del Ministerio del Interior. Y lo verdaderamente grave es que esos mandos no han sido removidos, ni parece haber voluntad de hacerlo.

Por eso, seguir apelando a interpelaciones como respuesta política resulta insuficiente, cuando no ilusorio. Sin una estrategia integral, sin decisión política firme y sin reformas estructurales, el problema no solo persistirá: se agravará.

La lucha contra el narcotráfico exige medidas concretas: cárceles de alta seguridad que aíslen a los cabecillas, un organismo independiente del Ministerio del Interior con dedicación exclusiva a este fenómeno, y cooperación internacional real con agencias especializadas.

Pero, sobre todo, exige algo más difícil: voluntad política. Antes de volver a interpelar a un ministro, sería más honesto acordar un plan serio de seguridad nacional y asignarle los recursos necesarios. Porque el problema no es normativo. No es una cuestión de códigos.

Es una cuestión de decisiones. Y de asumir, de una vez por todas, que la seguridad no se declama: se construye.