A fines de 2024, Dryden Brown subió a un avión y aterrizó en Nuuk, Groenlandia. Viajó con el deseo de comprar la isla, o al menos construir su primera ciudad. Meses antes había escrito en X que quería comprar Groenlandia entera. Los groenlandeses no se mostraron entusiasmados con la idea de dejar de ser groenlandeses. Brown siguió buscando terreno.

Esa búsqueda terminó, por ahora, en Colonia. Praxis, la comunidad que dirige Brown, no es una desarrolladora inmobiliaria. Se define como una "nación digital" con sede en Nueva York y más de 150.000 ‘‘miembros’’ repartidos por el mundo. Nació dentro de un movimiento que en inglés se conoce como network state, siendo esta la idea de que un grupo de personas puede organizarse primero en internet, alrededor de valores compartidos, y recién después buscar un territorio físico donde asentarse bajo reglas propias. El financista detrás de esa idea es, en gran parte, Peter Thiel, a través de su fondo Pronomos Capital, que además de Praxis respalda a Próspera, en Honduras, y a otros dos proyectos en Nigeria.

Próspera es el caso que mejor ilustra de qué se habla cuando se habla de una ciudad-estado privada. Opera bajo una ley hondureña de zonas especiales que le permite tener su propio sistema civil y sus propios tribunales de arbitraje privado. La carga tributaria ronda el uno por ciento. Ahí no viven ciudadanos, viven residentes que firman un contrato con una empresa que administra la ciudad como quien administra una corporación. Hubo que hacer modificaciones constitucionales para habilitar todo esto y cuenta con un gran rechazo de los hondureños.

Brown ya había descrito ese horizonte en una charla de 2020, cuando el proyecto todavía se llamaba Bluebook Cities y no había tomado el nombre de Praxis. Lo esbozaba como acuerdos con países anfitriones para establecer jurisdicciones especiales, con marcos legales y administrativos distintos al resto del territorio. Cinco años después, ya con Praxis en marcha, volvió a describir el mismo modelo. Una ciudad organizada bajo el esquema de zona económica especial, algo así como lo que denominamos zonas francas, con condiciones regulatorias hechas a medida para la industria tecnológica.

Y ahí aparece el matiz que tanto Brown como Eduardo Bastitta, el empresario detrás de +Colonia, se ocuparon de aclarar esta semana: nada de eso aplica todavía en Uruguay. Brown afirmó que una gobernanza independiente no es un requisito inmediato para Praxis y que el proyecto se compromete a funcionar dentro del sistema legal uruguayo vigente. Bastitta fue más lejos y rechazó de plano la comparación con una zona franca o una charter city: "no hay nada menos libertario que cobrar altos impuestos solo a algunos", dijo, e insistió en que +Colonia se rige por las reglas fiscales generales del país.

Quedan pendientes las preguntas que separan una promesa de un contrato. El acuerdo entre Praxis y +Colonia es, según confirmó el propio New York Times que reveló la noticia, en gran medida no vinculante. La compra de tierra recién empezaría a fines de 2027. Hasta entonces, lo único que existe es la palabra de dos hombres que todavía no construyeron ninguna ciudad funcional.

Brown se reúne esta semana con Orsi en Nueva York. Ahí probablemente se hable de inversión y de empleo. También de la supuesta llegada de miles de personas con capital a un departamento que no crece desde hace sesenta años. Lo que no va a discutirse en esa reunión, porque nadie lo puso todavía sobre la mesa de forma vinculante, es qué pasa el día que Praxis decida que las reglas generales de Uruguay no le alcanzan. ¿Querrá seguir el camino de Próspera en Honduras? Con eso hay que tener cuidado. Incentivos para inversión y trabajo, si. Lo demás tiene que, parafraseando a nuestro Presidente, analizarse detenidamente y con varios ojos.