Soy reformista por naturaleza. Me nace oponerme a la revolución de la fuerza y el “porque sí”. En política, como en la vida, pocas cosas funcionan cambiándolas de un día para el otro. Es la excepción a la regla. Si se da un cambio radical es porque se tocó fondo. Y cada 4 de julio me vuelve ese pensamiento reformista, repasando cómo nacieron los Estados Unidos.

Julio es mes de repúblicas: Estados Unidos el 4, Argentina el 9, Francia el 14. Se presta para revisar nuestra propia forma de gobierno y su diseño. El proceso estadounidense es apasionante. La fecha que se recuerda es el 4 de julio, pero el proceso real llevó años en asentarse. Diez años después de la independencia lograron una Constitución respetable (con las injusticias coyunturales que aceptó, esclavitud incluida) que igual sirvió de inspiración a decenas de países en busca de ser libres y republicanos. Ese desfasaje entre la fecha que se celebra y el proceso que realmente costó es, para mí, la mejor lección de julio. Nos ilustra que hay mucho acierto y error, pero por sobre todo iniciativa para el cambio.

Ese mismo reformismo me surge con nuestro propio diseño institucional, empezando por el vínculo entre Intendencias y Juntas Departamentales. Los intendentes históricamente piden más autonomía, y no les falta razón en varios planteos. Pero esa autonomía tiene una contracara lógica… si le doy más poder al intendente, tengo que darle más herramientas de control a la Junta. Es la separación de poderes de manual. Montesquieu. Más poder concedido exige más control sobre ese poder.

Y ahí aparece, en mi opinión, la gran olvidada que es la Junta Departamental. Su ley, la 9.515, está por cumplir cien años y sigue funcionando casi igual que el día que se aprobó. Su peso real se nota en contados momentos del período de gobierno, que se cuentan con los dedos de una mano. La mayoría automática que la ley le da al lema ganador (dieciséis ediles como mínimo) tampoco ayuda a que un órgano plural funcione con lógica política y democrática.

Hay un problema de distribución de poder. De más, en esa mayoría obligatoria; de menos, en las herramientas de actuación del legislativo departamental. Faltan instrumentos de contralor pero también de construcción.

Creo en la Junta porque no van a encontrar, en todo el departamento, un lugar más heterogéneo. Está el espectro político representado y junto con el de Intendente, no hay cargo político más representativo por su naturaleza electiva y popular. A veces se etiqueta a los ediles como receptores de reclamos menores como un pozo, un semáforo. Y si, es una de las funciones pero también moldean y buscan, con sus acciones, delinear el Departamento que sueñan y a los electores que representan. Eso siempre queda demostrado en las acciones de los ediles, así como sus palabras.

Son discusiones que en algún momento hay que dar. La Junta Departamental no puede convertirse (no digo que lo esté siendo ni que se esté convirtiendo, digo que ya lo fue) en una escribanía. O, como escribió Pérez-Reverte sobre el Senado español, en un órgano que cumple la función decorativa de un jarrón chino de quince euros.

El problema es que para el éxito de las reformas se precisa un ambiente. Ocurre un descreimiento atroz en la política como instrumento. Es verdad que los uruguayos concurrimos a votar y mantenemos buenos índices de participación electoral, pero es algo que se palpa y se nota en los votos en blanco y anulados. Esto hace que las reformas, en este caso constitucionales, sean complejas de realizar. ¿Alguien va a mover el avispero para lograr un cambio de diseño institucional de este tipo? No parece.