El senador Sebastián Sabini acaba de colocarse, voluntariamente, en el lugar más incómodo de la política: el de quien exige virtudes públicas que su propia casa política no termina de demostrar. Su proyecto para modificar el régimen de subsidio que perciben los legisladores al dejar el cargo puede sonar, en principio, atendible. No parece razonable que quienes ocupan cargos políticos tengan un seguro de salida muy superior al de cualquier trabajador. En ese punto, la discusión es legítima, y de hecho nuestro Diputado colorado Horacio de Brum, planteó haces meses modificaciones a este subsidio, aunque pienso que existen casos de legisladores que dejan su actividad particular para dedicarse de lleno en la tarea que la ciudadanía les confirió, descuidando su actividad personal, y eso de alguna manera hay que reconocerlo. 

Volviendo a Sabini, la política no se mide solo por lo que se propone, sino también por la autoridad moral con que se propone. El senador tupamaro plantea que los legisladores dejen de percibir este subsidio especial —equivalente al 85% del sueldo durante hasta un año— y pasen a un régimen similar al seguro de desempleo común. También reclama mayor transparencia en la rendición de viáticos y avanza sobre otra idea mucho más discutible: prohibir que los legisladores tengan ingresos por fuera de su banca. Allí el impulso moralizador empieza a rozar un terreno delicado. La Constitución uruguaya reconoce el derecho de toda persona a dedicarse al trabajo, la profesión, el comercio o cualquier actividad lícita, salvo restricciones de interés general establecidas por ley. Entonces, una cosa es exigir declaración, control de conflictos de interés e incompatibilidades claras; otra muy distinta es presentar como sospechoso que un legislador tenga una actividad privada legítima, previa o paralela, que le permita no depender exclusivamente de la política.

El problema de Sabini no es querer discutir privilegios. El problema es hacerlo desde un sector que convirtió la retención salarial de sus dirigentes en una marca política, pero no ha ofrecido al país una rendición pública, detallada y verificable de ese dinero. El MPP suele presentar su tope salarial como gesto de austeridad. Sus legisladores, ministros y jerarcas dicen cobrar menos que otros dirigentes porque una parte importante de sus remuneraciones se vuelca al sector. Pero ese dinero tiene un origen inequívoco: nace de salarios pagados por el Estado. Por tanto, aunque luego pase por una decisión partidaria o personal, no puede ser tratado como una caja privada inmune a la exigencia de transparencia.

La contradicción es evidente. Sabini reclama que los legisladores rindan viáticos, pero su sector no rinde ante la ciudadanía con la misma precisión qué destino tienen los fondos que recauda por recortes salariales. Se dice que se dona. ¿A quién? ¿Cuánto? ¿Con qué criterio? ¿Con qué comprobantes? ¿Qué parte va a causas sociales, qué parte a estructura partidaria, qué parte a locales, militancia rentada, propaganda o campañas electorales? No alcanza con invocar austeridad. La austeridad sin rendición puede transformarse en relato.

Y el relato, además, choca con la realidad visible. Elección tras elección, el MPP despliega una maquinaria territorial, cartelería, publicidad y presencia pública que pocos sectores igualan. No es una acusación penal; es una pregunta política razonable. Si buena parte de esa capacidad se financia con porciones de salarios públicos retenidas a legisladores y jerarcas, entonces los uruguayos merecen saber si están, indirectamente, subsidiando la superioridad económica de un sector político sobre los demás. La legalidad de ese mecanismo podrá discutirse técnicamente, pero la opacidad es políticamente indefendible. De la ética, ni hablamos.

En ese contexto, la intervención de Sabini pierde fuerza. Porque no se puede pedir transparencia como consigna hacia afuera y administrarla como misterio hacia adentro. No se puede denunciar privilegios ajenos mientras se conserva una estructura propia de financiamiento que funciona en la penumbra. Y menos aún en una coyuntura en la que el propio gobierno frenteamplista enfrenta cuestionamientos por la compra de la camioneta del presidente Yamandú Orsi, con descuentos, vehículos donados, rifas sin ganador y explicaciones que llegaron por capítulos.