El Gobierno Departamental aprobó una modificación del Plan de Ordenamiento Territorial que consiste básicamente en incorporar 400 hectáreas al área urbana (13% de lo existente) con la posibilidad de hacer barrios privados, y más allá de lo que esto último significa en cuanto a construcción de ciudadanía y comunidad, me quiero centrar en el innecesario aumento del tamaño de la ciudad, que lo entiendo como un sinsentido contrario a los fines y principios que establece la Ley de Ordenamiento Territorial: “El ordenamiento territorial es el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen por finalidad mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales”. Es un sinsentido por cómo se produce, porque no surge de dar respuesta a alguna necesidad de la ciudad, sino de complacer a particulares que quieren hacer un negocio y necesitan que el Estado legisle a medida de sus intereses.

Es un sinsentido porque el aumento del área urbana se da a pesar que en Salto hay más de 300 ha de suelo urbano sin consolidar, a lo que hay que sumarle los cientos de terrenos baldíos o sin uso aún en el centro de la ciudad. Sumémosle las 228 ha en Termas de Daymán donde están habilitados los barrios cerrados.

Todo esto con mínimo crecimiento demográfico, según el censo aumentamos 10.077 habitantes, unos 800 nuevos pobladores por año. Suponiendo 3 personas por vivienda, con las 2832 viviendas vacías (descontadas las de uso temporario y las en obra) serían suficientes para más de 10 años.

Esta resolución significa, además una transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más favorecidos. Otro sinsentido si queremos bajar la desigualdad y la pobreza. Es un sinsentido porque obliga al Estado a destinar recursos a una zona que no estaba prevista. Se dirá que las inversiones la harán los privados, pero el mantenimiento y los gastos de funcionamiento lo paga el Estado. Además es quien construye toda la infraestructura social, educación, salud, cultura, etc.

Se aumenta significativamente el gasto para atender con los mismos recursos (salvo que estén pensando en aumentar los impuestos). Posterga la posibilidad de consolidar otras zonas que ya están pobladas, algunos barrios que hace añares están esperando se construya una infraestructura que atienda a los mínimos requerimientos de urbanidad. Recientemente aprobaron un financiamiento desde los dineros que el Gobierno Central destina a las Intendencias para la zona de Umpierri, Barbieri y Dickinson, pero aún queda mucha ciudad para consolidar. También puede significar volver a postergar el saneamiento de termas de Daymán o el cambio de la forma de gestión del vertedero. Ambos imprescindibles y no admiten ninguna postergación.

Es un sinsentido que los ediles de la Junta Departamental, que se autoperciben como la caja de resonancia de las inquietudes ciudadanas voten a tapas cerradas sin querer escuchar a nadie, ni siquiera a quienes desarrollaron la propuesta, mucho menos a personas, colectivos, organizaciones o instituciones que puedan aportar o incluso cuestionar, técnicos, profesionales, ambientalistas, comerciantes, productores, trabajadores, vecinos de la zona.

Se olvidan que son representantes y se amputan un derecho, pero también una obligación que como representantes de la ciudadanía deben ejercer y cuidar que se cumpla, convirtiendo a la institución en una especie de oficina burocrática. No es la primera vez.

Estos sinsentidos van en contra de uno de los principios más importantes sobre los que se construyó la tradición en Ordenamiento Territorial de Salto, que en forma abierta y participativa, desde la salida de la dictadura viene trabajando para consolidar lo ya existente y a pesar de las fuertes presiones que siempre existieron mantuvo firmes sus límites urbanos.

Estos sinsentidos en la que meten a Salto la Intendencia y Junta Departamental, la mayoría de los ediles del Frente Amplio y la totalidad de los blancos y colorados no mejoran para nada la calidad de vida de salteñas y salteños, que debería ser el objetivo del Ordenamiento Territorial, pero también de las políticas públicas.