Laura Núñez y Martín Barla acusan maniobras para influir en los resultados municipales. Tal como adelantó Diario La Prensa en abril, los traslados de credenciales para incidir en elecciones de alcaldías ahora tienen nombre y denuncia oficial. La candidata a alcaldesa por la Coalición Republicana en Mataojo, Laura Núñez, presentó una denuncia formal ante la Junta Electoral, señalando traslados irregulares de votantes hacia su propio municipio.

Según pudimos saber, la maniobra habría sido organizada por  la otra candidata que buscaba la reelección, lo que podría generar un fuerte conflicto político e institucional. Lo más grave: fuentes confiables sostienen que fue la propia ex alcaldesa de Mataojo quien habría  firmado certificados de domicilio falsos, permitiendo el cambio de credencial sin que las personas realmente vivieran en la localidad. De comprobarse, se trataría de falsificación de documento público, y podría derivar en la anulación de la elección en Mataojo.

Viejo problema, nuevo escándalo

La problemática de los traslados no es nueva. Desde hace años se comenta en reuniones de la Junta Electoral y en ámbitos políticos, pero pocas veces se han tomado medidas reales. Muchos dirigentes insisten en que la Corte Electoral debería ser más estricta: si una persona no puede demostrar que realmente reside en la localidad a la que traslada su credencial, no debería autorizarse el cambio.

Esto no debe confundirse con los casos de votantes que, por trabajo o estudio, residen fuera pero siguen teniendo un arraigo legítimo en su lugar de origen.

Barla denuncia “importación” de votantes y candidatos foráneos en San Antonio

El escándalo crece. El actual alcalde de San Antonio, Martín Barla, denunció en redes sociales una situación muy similar a la de Mataojo. En su cuenta de Facebook expresó:

“El FA trasladó este año desde la ciudad hacia San Antonio 110 personas que ni conocían el lugar”.

Y no se detuvo ahí. Barla acusó al partido de haber postulado dos candidatos a la alcaldía que no vivían dentro de la jurisdicción, y a una tercera candidata que, aunque nació cerca, vive desde hace 17 años en Salto Nuevo.

“No solo trasladaron votantes, también candidatos que no viven aquí. Es una falta de respeto a quienes vivimos y trabajamos todos los días por San Antonio”, agregó.

“¿Se tomaron medidas? No, no… ni por error”.

¿Y ahora qué?

Con dos municipios bajo la lupa, la Junta Electoral deberá pronunciarse entre hoy lunes y mañana martes. Deberá decidir si interviene directamente o eleva los casos a la Corte Electoral, que podría investigar las denuncias, aplicar sanciones e incluso invalidar resultados si se prueba el fraude. La transparencia del proceso electoral local está en juego. Y todo indica que este será un tema clave en las próximas horas.