La muerte de un menor en un hecho violento vuelve a sacudir a la sociedad. Cada caso deja una herida difícil de cerrar. El dolor es inmediato. La indignación también. En las redes sociales, en la calle y en los medios se repite un reclamo que crece con fuerza: más represión, penas más severas, respuestas rápidas. En ese clima de enojo y miedo, conversamos con el abogado penalista Dr. Roque Basualdo. El objetivo fue claro: entender qué dicen las leyes, qué margen tiene el Estado y hasta dónde se puede avanzar sin romper las garantías que sostienen el Estado de Derecho.

Basualdo fue prudente desde el inicio. “Hay que ser muy cuidadoso”, señaló. Explicó que entre lo social y lo jurídico existe un puente delicado. La reacción emocional es comprensible, pero legislar o juzgar bajo presión puede llevar a errores difíciles de revertir.

¿Más penas reducen el delito?

Una de las preguntas centrales fue si el endurecimiento de las penas realmente reduce la delincuencia juvenil. Para el abogado, la respuesta es clara: no. “No es solo un problema penal”, afirmó.

Según su mirada, en los últimos 15 o 20 años han fallado políticas sociales claves. Habló de deserción educativa, de consumo problemático de drogas y de la ausencia de referentes en muchos hogares. “Un joven de 14 años debería estar estudiando, no enfrentándose a la policía”, dijo.

Basualdo insistió en que ningún niño nace queriendo delinquir. Muchos terminan en ese camino empujados por contextos complejos: abandono escolar, familias fragmentadas, consumo de estupefacientes y falta de oportunidades reales. “El problema de fondo es social”, resumió.

Eso no significa justificar el delito. Cuando hay una rapiña, una agresión o un homicidio, el Estado debe actuar. La persona debe ser detenida, sometida a un debido proceso y, si corresponde, sancionada. Pero pensar que solo con penas más duras se resolverá el problema, para el penalista, es una simplificación peligrosa.

El límite del Estado de Derecho

Otro punto clave fue el reclamo de “mano dura” que surge cada vez que ocurre un hecho grave. ¿Hasta dónde puede avanzar el Estado sin vulnerar garantías fundamentales?

Basualdo fue enfático: el debido proceso no es negociable. “Por más grave que sea el delito, hay que respetar las garantías constitucionales”, sostuvo. Detener sin pruebas, juzgar sin defensa o recortar derechos puede generar injusticias que después también dañan a la sociedad.

Advirtió además sobre el riesgo de legislar “al grito de la tribuna”. En momentos de fuerte presión social, el Parlamento puede verse tentado a aprobar cambios apresurados para responder al clima de opinión. Pero una ley mal pensada puede traer consecuencias no previstas.

En ese sentido, mencionó el debate regional sobre bajar la edad de imputabilidad. Para él, convertir a un adolescente de 14 años en plenamente responsable como un adulto no ataca la raíz del problema. Puede dar una sensación inmediata de firmeza, pero no resuelve las causas profundas.

Una sociedad con miedo

La sensación de inseguridad es real. El trabajador que sale de madrugada, el estudiante que vuelve de noche, el jubilado que cobra su pensión, todos sienten que algo cambió. “La gente vive con incertidumbre”, reconoció el abogado.

Ese miedo alimenta la ira. Y la ira, muchas veces, lleva a pedir soluciones rápidas. Pero Basualdo planteó una reflexión : si durante años se toleraron fallas en educación, prevención y control del consumo problemático, el resultado no podía ser distinto.

Señaló que el consumo de drogas atraviesa buena parte de los delitos juveniles. Sin políticas públicas fuertes de prevención y rehabilitación, el circuito se repite: consumo, delito, cárcel. Y la cárcel, sin programas reales de reeducación, no siempre corrige.

¿Por dónde empezar?

Ante la pregunta final sobre qué hacer, el abogado no eligió una sola receta. Habló de fortalecer la prevención, invertir en educación, mejorar la rehabilitación y también garantizar que quien comete un delito sea sancionado.

“No es solo represión ni solo política social. Es un conjunto”, explicó. Pero remarcó que si el Estado no ofrece alternativas reales —educación de calidad, contención, tratamiento accesible para las adicciones— la violencia seguirá creciendo.