El director del Área de Discapacidad, Federico Lezama, destacó la reciente creación del Instituto Nacional de Discapacidad como un paso importante en política pública uruguaya.

En el marco de una gira nacional, estuvo en Salto donde el jerarca explicó que este organismo, aprobado en el presupuesto nacional y en funcionamiento desde el 1º de enero, representa “la primera vez que Uruguay cuenta con una institucionalidad con este nivel de jerarquía” en materia de discapacidad. La iniciativa no solo marca un avance en términos administrativos, sino que también busca consolidar una estrategia integral centrada en los derechos y la accesibilidad. Según Lezama, el instituto trabaja en la elaboración de un plan nacional que articule políticas en distintas áreas de la vida cotidiana, desde la educación hasta la inclusión social y laboral.

Gira nacional y enfoque territorial

Como parte de esta nueva etapa, el equipo del Ministerio de Desarrollo Social lleva adelante una gira por el interior del país. El objetivo es presentar tanto la nueva institucionalidad como las líneas de acción que se implementarán en cada territorio. En este contexto, Lezama participó de actividades en Villa Constitución, donde se presentó el programa “Comunidad sin Barreras”. Esta propuesta apunta a fortalecer el trabajo territorial y a dar respuesta a problemáticas concretas del día a día que enfrentan las personas con discapacidad. “La política pública está bien diseñada y cuenta con recursos, pero existen situaciones cotidianas que requieren soluciones inmediatas”.

El programa busca promover la participación activa de la comunidad mediante la formación de promotores de accesibilidad, generando redes locales que permitan identificar y resolver obstáculos en cada contexto específico.

Desigualdades persistentes en educación e inclusión

Lezama hizo alusión a los principales desafíos que enfrenta esta población. En Uruguay, aproximadamente el 6,6% de las personas vive con alguna discapacidad, lo que equivale a unas 200.000 personas. Sin embargo, las cifras evidencian importantes brechas en áreas clave como la educación.

“Casi el 60% de las personas con discapacidad tiene como máximo nivel educativo la primaria, frente a un 23% en personas sin discapacidad”, explicó. Esta diferencia refleja barreras estructurales que limitan el acceso y la permanencia en el sistema educativo, afectando posteriormente las oportunidades de inserción laboral. El jerarca subrayó la necesidad de abordar estas desigualdades desde una perspectiva territorial, teniendo en cuenta las particularidades de cada región. En departamentos como Salto, por ejemplo, los índices de discapacidad presentan variaciones que requieren políticas adaptadas a cada realidad local.

Participación comunitaria como eje central

Uno de los aspectos más innovadores de la estrategia presentada es el énfasis en la participación ciudadana. A través de “Comunidad sin Barreras”, se busca fomentar la organización de colectivos y la implicación directa de la sociedad en la construcción de entornos accesibles. Lezama destacó que el trabajo no se limita a las instituciones públicas, sino que involucra a distintos actores sociales en la identificación de problemas y en la generación de soluciones. “Nuestro equipo está todos los días acompañando situaciones concretas, apoyando a personas y colectivos”.

Un cambio de paradigma en marcha

La creación del Instituto Nacional de Discapacidad y el despliegue de programas territoriales reflejan un cambio de enfoque en las políticas públicas. Más allá de la asistencia, el objetivo es garantizar derechos y promover la inclusión plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social. En este sentido, la gira nacional no solo cumple una función informativa, sino que también busca generar compromiso y articulación entre los distintos niveles del Estado y la comunidad.