La noticia que llega desde Mar del Plata, Argentina, nos ha helado la sangre. Un video, viralizado recientemente, ha expuesto la brutalidad sin límites de un enfermero que, lejos de brindar cuidados, sometió a una anciana a una pesadilla física y verbal. Las imágenes, difíciles de digerir, muestran al agresor golpeando a la mujer en el rostro con una cuchara mientras ella intentaba alimentarse, acompañando su vileza con frases aberrantes como “Morite de una vez”. Este hecho, tan censurable desde cualquier ángulo, no es un incidente aislado en el mapa regional, sino un recordatorio desgarrador de la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran aquellos que, por edad o salud, dependen enteramente de terceros para subsistir.

AVANZAR HACIA SOLUCIONES

Cuando leemos sobre sucesos tan atroces, la pregunta que surge de inmediato es qué medidas urgentes estamos tomando en nuestro país para evitar que una tragedia similar se repita en nuestras propias instituciones. No podemos quedarnos solo en la indignación pasajera; es imperativo avanzar hacia soluciones concretas y disuasivas. La propuesta de implementar, de forma obligatoria, sistemas de circuitos cerrados de televisión (CCTV) con capacidad de registro de audio y video en residencias de larga estadía, guarderías y centros para personas con discapacidad no solo es una idea sensata, sino una medida estrictamente necesaria en los tiempos que corren.

Hay buenos profesionales pero...

Esta iniciativa no surge de la desconfianza hacia los buenos profesionales, quienes cumplen con su labor de manera ejemplar, sino de la urgencia ineludible de proteger a los más indefensos. Los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidades severas habitan una asimetría de poder absoluta frente a sus cuidadores. En la intimidad de las habitaciones y lejos de los ojos de los familiares, ocurren abusos que, a menudo, quedan sumidos en la impunidad por la absoluta ausencia de pruebas objetivas. La falta de evidencia no solo perpetúa el maltrato, sino que condena a las familias a un calvario de incertidumbre y dolor.

MEDIDAS ADOPTADAS EN OTROS PAÍSES

En los Estados Unidos han protegido el derecho de las familias a instalar dispositivos en habitaciones privadas, bajo el modelo conocido como “Granny Cams”. Italia, por su parte, debate con fuerza la obligatoriedad de cámaras en guarderías para erradicar la violencia. Estos antecedentes demuestran que el mundo está comprendiendo que, en ciertos contextos, la tecnología es la mejor garantía de los derechos humanos y la transparencia necesaria.

Seguridad y Privacidad

Por supuesto, toda implementación debe realizarse manteniendo un equilibrio estricto entre la seguridad y la privacidad. La propuesta que aquí planteamos no sugiere una vigilancia masiva e indiscriminada, sino focalizada y regulada. Los baños y vestuarios deben quedar excluidos por razones de pudor. En cuanto a las habitaciones privadas, la instalación debe supeditarse a la voluntad del residente o de sus tutores legales, asegurando el consenso en casos de habitaciones compartidas.

Evitar bancos masivos

Además, el manejo de la información es un aspecto crítico: los registros no deben ser de acceso público ni empresarial arbitrario. Es necesaria una estricta reserva legal, limitando su visualización únicamente a requerimientos judiciales o de organismos de control, con plazos de conservación breves para evitar bancos masivos de datos innecesarios.

ABANDONAR LA PASIVIDAD

Es hora de abandonar la pasividad institucional. La instalación de tecnología de registro audiovisual es una herramienta de transparencia radical que protegerá a los internos y, simultáneamente, brindará seguridad jurídica a los trabajadores honestos ante posibles acusaciones infundadas. Debemos dar un paso adelante hacia un sistema que no permita que el maltrato encuentre refugio en el silencio. La dignidad de nuestros mayores, niños y personas con discapacidad no admite más dilaciones; la justicia y la transparencia deben entrar, de una vez por todas, en cada institución de cuidado del país.