La conmemoración del Mes de la Afrodescendencia en Uruguay trasciende el calendario y se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre una realidad que continúa vigente: las desigualdades estructurales que afectan a la población afrodescendiente. En Salto, instituciones públicas y organizaciones sociales desarrollan durante todo el año acciones destinadas a promover la visibilidad, el reconocimiento y la reparación histórica de una comunidad cuyo aporte ha sido fundamental en la construcción del país.

Así lo expresó Lourdes González, licenciada en Trabajo Social e integrante de la Dirección de Gestión Territorial del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), quien destacó que julio representa un momento de especial intensidad, aunque el compromiso institucional se mantiene durante los doce meses.

"Tomamos julio como el mes para hacer hincapié en la visibilidad, el reconocimiento y la reparación para la comunidad afro, pero trabajamos todo el año", señaló.

Un racismo que aún persiste

González sostuvo que, pese a la percepción extendida de que Uruguay es una sociedad libre de discriminación racial, el racismo continúa presente en la vida cotidiana.

A su entender, basta observar los comentarios que suelen aparecer en publicaciones de medios de comunicación o redes sociales para advertir expresiones discriminatorias que evidencian prejuicios profundamente arraigados.

La trabajadora social explicó que buena parte de esta situación responde a una historia oficial que invisibilizó durante décadas el papel desempeñado por la población afro e indígena en la conformación del país.

Recordó que las personas africanas esclavizadas realizaron un aporte decisivo tanto en los procesos históricos como en el desarrollo cultural del Uruguay, desde su participación en las guerras de independencia hasta expresiones identitarias como el candombe, hoy reconocido como patrimonio cultural.

La historia explica las desigualdades actuales

Durante la entrevista, González subrayó que comprender el presente exige revisar los procesos históricos que marcaron a la población afrodescendiente.

Explicó que, tras la abolición formal de la esclavitud, muchas personas continuaron trabajando en condiciones de extrema precariedad y con escasas posibilidades de acceder a mejores oportunidades. Posteriormente, numerosas familias se instalaron en conventillos y, durante la dictadura cívico-militar, fueron desalojadas y trasladadas hacia las periferias urbanas.

Según indicó, esos procesos de exclusión territorial contribuyen a explicar por qué actualmente gran parte de la población afrodescendiente reside en barrios periféricos tanto de Montevideo como de otras ciudades del país.

En el caso de Salto, recordó que el departamento tuvo un papel relevante durante la época colonial y que el puerto local también fue escenario del comercio de personas esclavizadas. Con el paso del tiempo, muchas familias afrodescendientes provenientes del medio rural migraron hacia la ciudad en busca de mejores condiciones de vida, instalándose principalmente en barrios como Uruguay, Artigas, Nuevo Uruguay, Ceibal, Salto Nuevo y otras zonas de expansión urbana.

Datos que reflejan una brecha persistente

La referente del Mides afirmó que las estadísticas continúan mostrando importantes diferencias sociales.

De acuerdo con los datos del Censo 2023 y otros indicadores nacionales, las familias afrodescendientes presentan mayores niveles de pobreza, dificultades de acceso a la educación, problemas habitacionales y menores oportunidades laborales.

También destacó que la pobreza infantil afecta especialmente a hogares monoparentales encabezados por mujeres, una realidad en la que la población afro aparece sobrerrepresentada.

Frente a este escenario, sostuvo que las políticas públicas deben orientarse no solo a reconocer la historia, sino también a reducir las brechas existentes mediante acciones concretas en educación, vivienda, empleo y acceso a derechos.

Un amplio calendario de actividades

El Consejo Consultivo Departamental Afroindígena, integrado por organismos públicos, la Universidad de la República, la Intendencia de Salto, la Junta Departamental y diversas organizaciones sociales, elaboró una agenda de actividades abiertas y gratuitas para toda la ciudadanía.

Entre los principales eventos figura la ceremonia de entrega del Premio Amanda Rorra, organizada por InMujeres, que por primera vez se realizará en Salto y marcará la tercera ocasión en que esta distinción nacional sale de Montevideo.

La actividad tendrá lugar el 1º de agosto en el Teatro Larrañaga y reunirá a más de cuarenta mujeres provenientes de distintos departamentos que trabajan en favor de la comunidad afrodescendiente.

Para González, la elección de Salto constituye un reconocimiento al trabajo sostenido que viene desarrollando el departamento en materia de políticas públicas y articulación con la sociedad civil.

Además, el 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, se realizará una jornada especial en el Ateneo de Salto destinada a visibilizar el rol de las mujeres afrodescendientes, promover el conocimiento sobre la espiritualidad y la ancestralidad africana y desmontar prejuicios aún presentes en la sociedad.

La programación también incluye talleres educativos, actividades de sensibilización en escuelas, homenajes a referentes de la cultura afro, reconocimientos institucionales y una acción para reclamar la efectiva identificación de la Plaza José Leandro Andrade, cuyo nombre fue aprobado por decreto en 2013, aunque todavía no cuenta con la señalización correspondiente.

Una invitación a reflexionar sobre la identidad

Más allá de las actividades conmemorativas, Lourdes González afirmó que el principal desafío consiste en promover una reflexión colectiva sobre la identidad, el origen y la memoria.

Consideró que cada vez más personas comienzan a preguntarse por su ascendencia y a reconocer la diversidad que forma parte de la sociedad uruguaya.

"Preguntarnos de dónde venimos, si somos afrodescendientes o afroindígenas, ya es un paso muy importante". 

Para la referente del Mides, recuperar esa memoria constituye una forma de ejercer un derecho históricamente vulnerado: el derecho a la identidad. Solo a partir del reconocimiento del pasado, concluyó, será posible avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa e inclusiva para todas las personas.