La construcción institucional de nuestra República se asentó históricamente sobre un delicado y sabio equilibrio entre el poder central y el gobierno de las autonomías locales. Sin embargo, en el afán contemporáneo por estandarizar cada rincón de la vida pública, hemos sido testigos de un paulatino retroceso en la soberanía territorial. Un ejemplo claro de este fenómeno ocurrió con la aprobación de la ley nacional que unificó las normas de tránsito en todo el territorio de la República.

LA GUERRA DE LAS PATENTES

Con la excusa de resolver un problema histórico, el legislador centralista optó por el camino del arrasamiento autonómico. Conviene recordar las causas originales de este proceso: durante décadas, la denominada "guerra de las patentes" generó fuertes tensiones interdepartamentales. La disparidad en los costos de empadronamiento y patente de rodados provocaba que los ciudadanos migraran sus trámites a aquellas comunas que ofrecían tarifas sensiblemente inferiores. Buscar una solución equitativa a esa contienda tributaria era una pretensión justa y razonable. Sin embargo, en lugar de circunscribir la respuesta a la homologación de aranceles y valores impositivos, la nueva normativa borró de un plumazo facultades inherentes a los gobiernos locales. Ya existía, por cierto, un reglamento nacional aplicable a las rutas nacionales, ámbito donde la coordinación general resulta imprescindible. Pero extender una tabla rígida sobre las tramas urbanas significó invadir las competencias de los intendentes y sus juntas departamentales, a quienes les correspondía fijar las sanciones y reglamentaciones según las particularidades territoriales.

Una cosa es acordar valores tributarios y otra muy distinta es imponer criterios punitivos y normativos homogéneos a comunidades con realidades sociales contrapuestas. Cada departamento posee su propia idiosincrasia, sus ritmos de convivencia y sus usos comunitarios.

CURIOSO EPISODIO

Citaré como ejemplo, un particular episodio ocurrido en Salto durante la legislatura que asumió en 1985, y que ilustra a la perfección el valor del sentido común local. En aquel entonces, un vecino cercano a los setenta años, radicado desde siempre en el medio rural, concurrió a la capital salteña a renovar su libreta de conducir. Se llevó la amarga sorpresa de que la Intendencia le denegaba el trámite por declarar que no sabía leer ni escribir, a pesar de haber conducido toda su vida sin registrar un solo accidente ni cometer infracciones. Tal negativa obedecía a que la Junta de Vecinos —órgano designado durante la dictadura— había resuelto aplicar estrictamente el reglamento nacional.

La Junta Departamental democrática reaccionó con firmeza en defensa de la autonomía y de la sensatez. ¿Qué relevancia real tenía la alfabetización letrada para quien demostraba idoneidad y conocía las reglas del tránsito? Bajo ese criterio absurdo, ni siquiera extranjeros de lenguas alejadas podrían conducir por el territorio nacional. Lo sustancial era la correcta interpretación de los símbolos internacionales de señalización. La Junta aprobó la flexibilización, pero el Intendente de la época vetó el decreto aduciendo el riesgo de que personas de otros departamentos tramitaran la libreta en Salto. El órgano legislativo departamental levantó parcialmente el veto, delimitando la validez de dicha libreta al ámbito exclusivo del departamento.

REIVINDICAR LAS AUTONOMÍAS

Una solución pragmática, humana y ajustada a la realidad comunitaria como la de Salto resulta lisa y llanamente imposible de ejecutar en la actualidad. Las leyes centralizadoras han maniatado la capacidad de respuesta de los representantes locales frente a los dilemas cotidianos de su gente. Por todo ello, hoy como ayer, resulta imperioso reivindicar a ultranza las autonomías departamentales, pues en la cercanía de sus decisiones radica una de las expresiones democráticas más auténticas, descentralizadas y vivas de nuestro País.