La historia económica e institucional del Uruguay guarda en sus páginas fundacionales un faro ideológico ineludible concebido por José Batlle y Ordóñez. Al proponer la creación de empresas como la Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), el batllismo inauguró una visión profundamente social del Estado. Para Batlle, los servicios públicos esenciales no debían estar en manos de monopolios privados extranjeros cuyo único objetivo fuera la extracción de lucro y la explotación de los consumidores.

ESTATIZACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS

Al estatizarlos, el propósito primordial era garantizar el acceso universal y el bienestar social, llegando incluso a zonas o sectores donde la inversión privada no lo consideraba rentable. La filosofía económica del modelo batllista establecía que las ganancias o excedentes generados por las empresas del Estado debían quedar en las propias instituciones o utilizarse en beneficio del interés general, permitiendo la expansión de los servicios, la rebaja progresiva de tarifas para abaratar la vida de los ciudadanos y la mejora de la infraestructura nacional, en lugar de servir para enriquecer a accionistas privados o fugar capitales fuera del país.

Sin embargo, el rumbo transitado por el actual gobierno se aparta de forma alarmante de este legado histórico, convirtiendo a las empresas públicas en meras herramientas de recaudación fiscal y desnaturalizando su razón de ser original. Lejos de priorizar la inversión con sentido social, la rebaja de tarifas para aliviar los bolsillos de la ciudadanía o el fortalecimiento productivo interno, la administración actual explota los entes estatales como cajas recaudadoras para equilibrar las cuentas públicas a costa del sacrificio de los usuarios.

LAS GANANCIAS DE UTE

Esta desconexión con el ideario batllista queda al descubierto cuando se analizan los números fríos de la gestión económica reciente. Tal como informó oportunamente El Observador, en su último ejercicio anual cerrado (2025), UTE obtuvo ganancias por 13.152,6 millones de pesos uruguayos, cifra equivalente a unos 336,9 millones de dólares al tipo de cambio de cierre de ese año, habiendo aportado además más de US$ 150 millones al Estado.

Resulta inaceptable e incompatible con la doctrina de la justicia social que una empresa de servicio público esencial arroje utilidades multimillonarias de esa magnitud mientras las tarifas eléctricas continúan siendo un peso agobiante para los hogares y la industria nacional. En lugar de trasladar esos excedentes a una baja sustancial de las tarifas —cumpliendo con el precepto de que el Estado no busca el lucro mercantil sobre sus habitantes—, el gobierno opta por exprimir a la empresa para engrosar las arcas centrales.

La administración actual asfixia el sentido solidario del ente, administrando la energía como si se tratara de un negocio privado corporativo y no de un derecho social estratégico. Esta política desvirtúa por completo el pensamiento de Batlle y Ordóñez, quien concibió el monopolio estatal como una defensa de los intereses populares frente a la voracidad mercantil. Hoy, lamentablemente, el Estado mismo actúa como un recaudador insensible que mercantiliza la luz y la energía, olvidando que el verdadero desarrollo nacional solo es posible cuando las ganancias públicas se transforman en bienestar directo para toda la sociedad uruguaya.