La política uruguaya, tradicionalmente reconocida por su apego a las formas y el respeto a la institucionalidad, parece estar atravesando una metamorfosis preocupante. En los últimos días, hemos sido testigos de una campaña coordinada por parte de los senadores del Frente Amplio que no solo desafía la lógica parlamentaria, sino que traspasa una línea ética fundamental en el ejercicio democrático. La estrategia ha sido tan burda como previsible: inundar las redes sociales con acusaciones temerarias hacia los legisladores de la Coalición Republicana, señalándolos —sin matices ni rigor técnico— como los únicos responsables de una supuesta negligencia en el combate a la pobreza infantil.