El pasado 31 de diciembre, OSE publicó la resolución Nº 1464/25, mediante la cual dispuso un incremento del 8,5% en las tarifas de agua potable y saneamiento. Sin embargo, el aumento no fue el único punto que generó controversia. En la misma resolución, el organismo estableció un ajuste de 1 Unidad Reajustable (UR) que en enero equivale a $1.847,96 para la obtención de los certificados de saneamiento y libre de deuda, documentos indispensables para múltiples trámites legales y notariales.

Esta decisión despertó desacuerdo de la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU), que solicitó formalmente a OSE el análisis y la fundamentación jurídica de la medida, por entender que podría carecer de respaldo legal.

Costo por decreto y cuestionamientos legales

La AEU expresó su preocupación por la fijación de un costo mediante decreto para un certificado que consideran esencial para el ejercicio de la función notarial y para la instrumentación de actos jurídicos vinculados al acceso a la vivienda. Según los profesionales, esta decisión podría implicar una extralimitación de la potestad reglamentaria del organismo, ya que no existiría una habilitación legal expresa para establecer dicho cobro.

En ese sentido, señalaron que las leyes 14.497 y 18.840, así como su decreto reglamentario, no prevén ni autorizan la imposición de este tipo de costos. Además, advirtieron que la resolución podría vulnerar principios fundamentales como los de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Impacto social y trabas al acceso a la vivienda

Uno de los aspectos más sensibles del reclamo es el impacto social de la medida. Los escribanos alertaron que este nuevo costo tiene un efecto regresivo, afectando especialmente a las familias más vulnerables, muchas de las cuales se encuentran exoneradas de otros tributos vinculados a soluciones habitacionales.

Según AEU, al no existir alternativas al pago del certificado, se genera una barrera económica adicional e injustificada, que puede dificultar o demorar trámites esenciales para la compra, venta o regularización de viviendas.