La decisión anunciada por el Gobierno del Reino Unido de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años reabre un debate que trasciende fronteras y que también interpela a Uruguay. La pregunta es sencilla de formular, pero compleja de responder: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en la protección de niños y adolescentes sin afectar derechos y libertades fundamentales?

El avance de la tecnología ha cambiado profundamente la forma en que nos relacionamos, estudiamos, trabajamos y participamos de la vida pública. Las redes sociales son hoy una plaza pública digital donde conviven oportunidades educativas, espacios de socialización y acceso a la información, pero también riesgos reales como el ciberacoso, la manipulación de contenidos, las estafas, la exposición a material inapropiado y la afectación de la salud mental.

Frente a esta realidad, algunos países han optado por el camino de las restricciones. Australia fue pionera en impulsar normas severas y ahora el Reino Unido avanza en una dirección similar. El argumento principal es la protección de la infancia, una finalidad legítima y compartida por cualquier sociedad democrática.

Sin embargo, corresponde preguntarse si la prohibición es la herramienta más adecuada. La experiencia demuestra que las restricciones absolutas suelen generar nuevos desafíos. Los adolescentes encuentran mecanismos para eludir controles, utilizan identidades falsas o migran hacia plataformas menos reguladas. En ocasiones, la prohibición puede terminar desplazando el problema en lugar de solucionarlo.

Uruguay ha seguido históricamente otro camino. Nuestra tradición jurídica y democrática ha procurado equilibrar la protección de los menores con el respeto a las libertades individuales. La Constitución de la República reconoce derechos fundamentales vinculados a la libertad de expresión, al acceso a la información y al desarrollo de la personalidad. A ello se suma una importante construcción normativa en materia de protección de datos personales, gobierno digital y derechos en entornos tecnológicos.

La Ley Nº 18.331 sobre Protección de Datos Personales, el trabajo de AGESIC y de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales han colocado a Uruguay entre los países de referencia regional en materia de derechos digitales. El enfoque nacional ha privilegiado la educación, la responsabilidad compartida y la construcción de ciudadanía digital antes que la censura o las prohibiciones generales.

La verdadera discusión quizás no deba centrarse únicamente en si un menor puede o no tener una cuenta en una red social. El debate más profundo consiste en determinar quién educa, quién supervisa y quién acompaña. Ninguna norma puede sustituir el rol de la familia, de la escuela y de la comunidad en la formación de hábitos digitales saludables.

También es legítimo exigir responsabilidades a las grandes plataformas tecnológicas. Durante años han diseñado mecanismos destinados a maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios, incluso cuando estos son niños y adolescentes. La transparencia algorítmica, la moderación efectiva de contenidos y la protección reforzada de menores son aspectos que merecen una regulación seria y moderna.

La defensa de la libertad no implica ignorar los riesgos. Del mismo modo, la protección de la infancia no debería convertirse en una justificación para avanzar hacia controles excesivos sobre la vida digital de las personas. Entre la ausencia de regulación y la prohibición absoluta existe un amplio espacio para construir soluciones equilibradas.

Uruguay tiene la oportunidad de observar estas experiencias internacionales y aprender de ellas. La respuesta probablemente no esté en prohibir más, sino en educar mejor, exigir mayor responsabilidad a las plataformas y fortalecer las herramientas de protección de niños y adolescentes.

En el mundo digital, como en tantos otros ámbitos de la vida democrática, la clave no siempre está en limitar libertades, sino en enseñar a ejercerlas con responsabilidad.