La creciente preocupación por el aumento de la violencia y el avance del crimen organizado en Uruguay ha vuelto a instalar un viejo debate, ¿deben las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad interna? La reciente decisión del gobierno de evaluar el empleo de vehículos militares en operativos de apoyo a la Policía generó reacciones tanto dentro como fuera del ámbito político, alimentando una discusión que trasciende la coyuntura y pone en cuestión la capacidad del Estado para enfrentar el deterioro de la seguridad pública.

En una entrevista en el Streaming de Diario La Prensa, el Coronel retirado Carlos Bruno analizó la iniciativa desde una perspectiva militar y expresó una postura crítica respecto a la medida. Si bien reconoció la gravedad de la situación que atraviesa el país, sostuvo que la solución propuesta responde más a una reacción improvisada que a una estrategia integral.

Una crisis de seguridad que exige respuestas de Estado

Bruno señaló que la seguridad pública constituye una de las principales responsabilidades del Estado y sostuvo que Uruguay atraviesa un escenario de creciente complejidad. Explicó, el país registra niveles de violencia que lo ubican entre los más afectados de la región en algunos indicadores, con una población carcelaria cercana a las 17.000 personas y tasas de reincidencia que superan el 70 %, alcanzando incluso el 83 % entre los menores de 35 años.

Estos datos reflejan que el sistema penitenciario no está cumpliendo su función de rehabilitación. En lugar de favorecer la reinserción social, las cárceles continúan siendo espacios desde donde, en muchos casos, se planifican actividades delictivas vinculadas al narcotráfico.

También cuestionó que pese al lanzamiento de un amplio plan nacional de seguridad meses atrás, los resultados no se han traducido en una mejora perceptible de la situación. Consideró que la evolución de los hechos demuestra que el problema requiere una respuesta mucho más amplia que la actuación exclusiva del Ministerio del Interior.

Militares y policías, funciones diferentes

Bruno apunta a la diferencia entre la formación militar y la policial. Explicó, ambas instituciones cumplen misiones distintas y poseen estructuras operativas, doctrinas y formas de actuación que no pueden combinarse de manera improvisada.

En ese sentido, advirtió que utilizar vehículos blindados militares con personal del Ejército en apoyo de la Policía plantea múltiples interrogantes. Entre ellos mencionó la cadena de mando, las responsabilidades jurídicas ante eventuales accidentes, la coordinación operativa y el respaldo legal para quienes deban intervenir en procedimientos de seguridad ciudadana.

Desde su perspectiva, no se trata simplemente de poner vehículos en la calle. La operación de este tipo de equipamiento requiere entrenamiento específico, equipos de trabajo previamente instruidos y protocolos claramente definidos.

El riesgo de una solución improvisada

Bruno calificó la iniciativa como "un gran parche" frente a un problema estructural. Afirmó que la decisión parece responder a la urgencia política más que a una planificación técnica y advirtió que una utilización inadecuada de recursos militares podría incluso producir el efecto contrario al buscado.

El empleo de herramientas militares fuera de su ámbito natural puede deteriorar la confianza pública en las Fuerzas Armadas y generar una escalada de conflictos en lugar de una mayor capacidad de disuasión frente al crimen organizado.

Recordó que los vehículos involucrados fueron donados originalmente para misiones internacionales de paz, por lo que su utilización en territorio nacional requiere autorizaciones específicas y supone elevados costos operativos.

El narcotráfico como fenómeno integral

El coronel retirado insistió en que la delincuencia organizada no puede combatirse únicamente mediante acciones policiales en la vía pública. A su entender, el narcotráfico constituye un fenómeno complejo que involucra el sistema penitenciario, el control de fronteras, la inteligencia criminal, la cooperación internacional y el fortalecimiento institucional.

Bruno señaló que muchas organizaciones criminales continúan operando desde las cárceles mediante teléfonos celulares y otros mecanismos de comunicación. En consecuencia, consideró indispensable intervenir sobre esas estructuras antes de concentrar esfuerzos en medidas de impacto mediático.

Manifestó preocupación por la falta de recursos destinados al control del espacio aéreo y las fronteras, mencionando la necesidad de contar con radares, aeronaves y equipamiento adecuado para enfrentar organizaciones criminales que disponen de tecnología y armamento cada vez más sofisticados.

La rehabilitación como parte de la solución

Bruno abordó la necesidad de transformar el sistema penitenciario. Defendió la implementación de programas de trabajo y capacitación para las personas privadas de libertad, argumentando que el empleo constituye una herramienta fundamental para reducir la reincidencia. Mantener a los internos sin actividades productivas favorece la planificación de nuevos delitos y dificulta cualquier proceso de reinserción social una vez recuperada la libertad.

También cuestionó algunos aspectos del actual Código del Proceso Penal, particularmente la utilización de juicios abreviados, al considerar que determinadas prácticas pueden transmitir señales de escasa firmeza frente a la delincuencia organizada.

Un debate que también es político

Bruno sostuvo que la discusión refleja diferencias dentro del propio gobierno respecto de cómo enfrentar la crisis de seguridad. En su opinión, las discrepancias públicas entre integrantes del Poder Ejecutivo proyectan una imagen de falta de conducción y dificultan la construcción de políticas consistentes.

El Estado dispone de herramientas constitucionales para afrontar situaciones excepcionales, pero entiende que falta decisión política para asumir los costos que implica adoptar medidas más contundentes dentro del marco legal.

Un desafío que trasciende la coyuntura

La discusión sobre el eventual apoyo militar a la seguridad pública pone de manifiesto uno de los principales desafíos que enfrenta Uruguay, construir una política de seguridad de largo plazo capaz de responder al crecimiento del crimen organizado sin desdibujar las funciones institucionales de cada organismo del Estado.

Mientras algunos sectores consideran necesario ampliar los recursos disponibles para combatir la delincuencia, otros advierten sobre los riesgos de trasladar a las Fuerzas Armadas responsabilidades para las que no fueron concebidas.