El plazo de 90 días que autorizaba a Delcy Rodríguez a ejercer como presidenta interina de Venezuela tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro expiró el viernes sin que la Asamblea Nacional controlada por el chavismo haya comunicado una votación para extender su mandato. La ausencia de una definición formal abre un nuevo escenario de incertidumbre sobre la legalidad de su continuidad en el cargo.

La resolución del Tribunal Supremo de Justicia, emitida en enero tras la detención y extradición de Maduro a Estados Unidos, establece un máximo de 90 días para cubrir la ausencia temporal del jefe de Estado, con la posibilidad de una prórroga de otros 90 días sujeta a la aprobación parlamentaria. La Asamblea Nacional no informó oficialmente haber cumplido ese trámite antes del vencimiento del plazo.

A pesar de ello, Delcy Rodríguez continúa ejerciendo funciones ejecutivas, liderando el régimen chavista y tomando decisiones de gobierno. No hay información pública sobre el mecanismo legal que respalda su permanencia, lo que refuerza las expectativas de que el chavismo recurra nuevamente a una interpretación favorable del Tribunal Supremo para legitimar la situación, como ocurrió en ocasiones anteriores ante vacíos institucionales y crisis de sucesión.

La Constitución venezolana diferencia entre una ausencia temporal y una falta absoluta del presidente. En caso de declararse la vacancia definitiva, la Asamblea Nacional tendría la facultad de convocar elecciones anticipadas. Hasta ahora, ese mecanismo no fue activado. El oficialismo ha evitado abrir un proceso electoral y se mantiene en el esquema actual, sin anunciar cambios en la conducción del Ejecutivo.