El astillero español Cardama respondió con dureza a la decisión del gobierno uruguayo de rescindir el contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) destinadas a la Armada. En una carta de seis páginas dirigida al Ministerio de Defensa Nacional, la empresa calificó la medida como “totalmente ilegítima” y acusó al Estado de actuar con abuso, mala fe y desprecio por la legalidad.

El documento surge como réplica al anuncio realizado el 13 de febrero por la administración de Yamandú Orsi, que decidió dejar sin efecto un acuerdo firmado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou por más de 82 millones de euros. Cardama sostiene que, desde el inicio, el Ejecutivo estuvo decidido a cancelar el contrato sin considerar explicaciones ni alternativas.

Para Cardama el Estado optó por desacreditarla

Según Cardama, el Estado ignoró deliberadamente sus argumentos, vulnerando el principio de inocencia y optando por desacreditar públicamente a la firma sin darle oportunidad de corregir la situación. Respecto a la garantía de reembolso, también objetada por el Ejecutivo, el astillero afirma que sí fue constituida correctamente y acusa al Ministerio de haber manipulado u ocultado información clave. Según su versión, las autoridades tenían conocimiento previo de la validez del documento, pero igualmente avanzaron hacia la rescisión. Para la empresa, esto evidencia un accionar “incongruente” e “improvisado”, con el único objetivo de dar por terminado el contrato. El tono de la carta es especialmente crítico con la forma en que el gobierno manejó la comunicación pública. Cardama califica como “grotesca” y “circense” la conferencia de prensa en la que se anunció la ruptura del acuerdo, y acusa al Estado de montar un espectáculo innecesario que dañó su reputación. Además, denuncia una “campaña difamatoria” sostenida por autoridades uruguayas en medios de comunicación, con información sesgada y omisiones deliberadas.

La empresa también responsabiliza al gobierno por haber dificultado la ejecución del contrato. Según sostiene, las declaraciones oficiales generaron desconfianza entre subcontratistas y proveedores clave, lo que derivó, por ejemplo, en la cancelación del suministro de motores por parte de la empresa Caterpillar. Para Cardama, el propio Estado contribuyó a tornar inviable la obra.

Rechaza la rescisión y da por terminado el contrato por incumplimiento uruguayo

En este contexto, el astillero no solo rechaza la rescisión, sino que también da por terminado el contrato por incumplimientos del Estado uruguayo. A su vez, reclama que se cumpla con la cláusula que establece que lo ya construido —valuado en unos 28 millones de euros— pasa a ser propiedad del Estado. En ese sentido, intimó a las autoridades a retirar esos materiales de sus instalaciones en Vigo, advirtiendo que los costos de almacenamiento y los perjuicios adicionales deberán ser indemnizados. Finalmente, Cardama cuestiona un informe técnico de la auditora Bureau Veritas, utilizado por el gobierno para justificar la rescisión. Si bien reconoce observaciones, afirma que el informe fue orientado a encontrar fallas y que, en definitiva, concluye que la construcción es “satisfactoria”, aunque con retrasos en el cronograma.

En síntesis, la empresa española plantea un escenario de fuerte confrontación con el Estado uruguayo, al que acusa de actuar con arbitrariedad, de dañar su imagen y de incumplir sus propias obligaciones contractuales. El diferendo, lejos de cerrarse, parece encaminarse ahora hacia un conflicto legal de mayor escala y seguramente de alto costo para el país.-