Más de 30 colectivos feministas y otras organizaciones sociales rechazaron el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal. En un comunicado, advirtieron que la iniciativa “violenta a las víctimas”, las expulsa del sistema de justicia y favorece la impunidad. La declaración surgió a raíz de una entrevista del diario El País al catedrático Gabriel Valentín, quien integró el grupo técnico convocado por Presidencia para elaborar la reforma. El proyecto está actualmente a estudio de la Comisión de Constitución del Senado.

Los colectivos cuestionan que la reforma permita al imputado pedir al juez medidas para obtener pruebas que estén en poder de la víctima o inspeccionar lugares, sin informar previamente al fiscal ni a la propia víctima. Sostienen que esto habilita a investigar a las víctimas e invadir su vida privada mediante el uso de la fuerza pública.

También denuncian que se limita el derecho de las víctimas a apelar decisiones como el archivo de una investigación o el sobreseimiento del acusado. Además, afirman que su participación sigue siendo desigual, porque no cuentan con las mismas herramientas que la defensa para pedir pruebas, acceder a peritos estatales o intervenir en acuerdos de juicio abreviado.