El plazo se terminó, el acuerdo no llegó y el conflicto en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) continúa. Frente a la falta de entendimiento entre la empresa y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), el Gobierno resolvió establecer servicios mínimos obligatorios para asegurar parte de la operativa de la principal terminal de contenedores del Puerto de Montevideo. La decisión fue comunicada ayer por la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, al finalizar una nueva instancia de negociación. Las conversaciones continuarán la próxima semana, aunque por ahora las posiciones permanecen alejadas.

El Ejecutivo optó por una fórmula que procura evitar la declaración de esencialidad, reclamada por TCP y respaldada por sectores de la oposición. La ministra fue enfática en diferenciar ambas herramientas.“Estamos hablando de servicios mínimos”, insistió Etcheverry, al explicar que los servicios esenciales responden a otra lógica, vinculada directamente con la seguridad, la vida o la salud.

Una salida a mitad de camino

La resolución conjunta de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte y Obras Públicas establece, con carácter “transitorio y limitado”, determinadas prestaciones que deberán mantenerse mientras continúe el conflicto.Entre ellas figuran los servicios de muelle destinados a la carga y descarga de buques y la recepción de contenedores llenos y vacíos correspondientes al transporte carretero y, eventualmente, fluvial, tanto de importación como de exportación.

Se trata de una medida excepcional, definida expresamente como un régimen “especial y transitorio”, cuya aplicación queda restringida al conflicto actual y no deberá ser tomada como antecedente para futuras controversias.

La resolución fue adoptada después de que empresa y sindicato tampoco lograran ponerse de acuerdo sobre cuáles deberían ser los servicios mínimos durante las medidas de fuerza.

El Gobierno pretende así mantener un nivel básico de actividad sin llegar al extremo de declarar la esencialidad. Una solución que busca contener el conflicto, pero que tampoco resuelve las diferencias de fondo.

La responsabilidad queda sobre las partes

Etcheverry sostuvo que el Ejecutivo procura que tanto la empresa como los trabajadores asuman su cuota de responsabilidad para reducir la afectación de la actividad portuaria. La secretaria de Estado aseguró además que la decisión fue adoptada luego de cumplir los procedimientos correspondientes y siguiendo los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo. Según explicó, la intervención gubernamental permitió reducir sustancialmente las paralizaciones desde que las partes comenzaron a negociar dentro de un marco institucional.

El conflicto sigue abierto

El Ejecutivo, en definitiva, eligió no declarar la esencialidad y establecer un piso de actividad obligatoria. Una salida de compromiso que evita, por ahora, una confrontación mayor, pero que tampoco garantiza que el conflicto no vuelva a afectar significativamente la actividad portuaria.

La próxima semana será nuevamente clave. Si las negociaciones avanzan, los servicios mínimos quedarán como una medida transitoria. Si no hay acuerdo, el Gobierno deberá volver a enfrentar el dilema que hasta ahora procuró esquivar: cómo garantizar el funcionamiento de una infraestructura estratégica para el comercio exterior sin recurrir a la herramienta de la esencialidad.