La declaración final del Congreso establece los lineamientos estratégicos que orientarán la actuación de la fuerza política, con cuatro prioridades: el crecimiento económico redistributivo para reducir la desigualdad, la erradicación de la pobreza infantil, la transición ecológica justa y la garantía de derechos fundamentales.

El Congreso aprobó cientos de mociones presentadas por las bases y los sectores políticos, entre ellas una que respalda la orientación de la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico de la población juzgando que “no puede ser un tabú para la izquierda” y llamó a profundizar el estudio de alternativas tributarias para alcanzar acuerdos durante 2027. Sobre los resultados del Diálogo Social, se criticó la decisión del PE de descartar la creación de un organismo público para gestionar el pilar de ahorro individual, actualmente administrado por las AFAP.

Interpretando, que esa decisión debilitó el proceso de construcción de consensos y afectó el relacionamiento con el movimiento sindical.  En materia internacional, el Congreso incorporó modificaciones al documento original para endurecer los cuestionamientos a Israel y Estados Unidos, condenando las violaciones de los derechos humanos atribuidas al Estado israelí y denuncia una política sistemática de “apartheid, persecución, encarcelamiento y limpieza étnica” contra el pueblo palestino. Otra califica como un “genocidio silencioso” las consecuencias del bloqueo estadounidense contra Cuba y reclama impulsar acciones de solidaridad con ese país. También se aprobó destacar el papel histórico de la revolución cubana en América Latina y defender el derecho del pueblo cubano a decidir su destino. En lo político, el congreso se mostró critico con las listas “colectoras”, sosteniendo que  su proliferación “debilita la vida orgánica” del Frente Amplio, introduce lógicas de competencia ajenas a su tradición y “fragmenta y diluye” su identidad política.

Finalmente, se aprobó la creación de una Comisión Nacional de Jóvenes Frenteamplistas, denominada CNJotaFA, destinada a promover la participación juvenil y fortalecer los vínculos entre las nuevas generaciones y los organismos de base.  También se decidió fortalecer las empresas públicas, en el marco de una estrategia nacional de desarrollo liderada por el Estado y avanzar hacia un modelo productivo con mayor incorporación de tecnología y conocimiento. En materia educativa, el documento reconoció que continúa pendiente el compromiso histórico de destinar el 6% del producto interno bruto a la educación más un 1% para investigación e innovación.