El diputado nacionalista Pablo Abdala publicó ayer documentos sobre el arbitraje internacional entablado por el astillero español Cardama por la compra de las dos patrullas oceánicas (OPV). En el expediente, divulgado a partir de un pedido de acceso a la información pública, Cardama sostiene que la demanda, que fue iniciada ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, es procedente porque los aspectos jurídicos y técnicos de la controversia están estrechamente vinculados y deben resolverse en conjunto. 

El gobierno, en cambio, enfatiza que lo que está en juego son diferencia jurídicas y que en esa materia el tribunal arbitral no tiene competencia ya que, según el contrato firmado en su momento entre las dos partes, estos aspectos deben dirimirse ante la Justicia uruguaya, según lo establecido en el contrato.

Cardama, reclama que se declare improcedente y contraria a derecho la rescisión del contrato, sosteniendo que había iniciado la construcción de los buques y contratado a distintos proveedores cuando, el 22 de octubre de 2025, el gobierno anunció públicamente que la garantía de fiel cumplimiento presentada por la empresa era fraudulenta y que iniciaría acciones civiles, penales y administrativas. 

El astillero afirma que nunca había sido informado previamente de esa situación, niega haber participado en un fraude y acusa al Estado de violar la buena fe contractual y la cláusula de confidencialidad. También señala que las acusaciones públicas provocaron la salida de subcontratistas necesarios para continuar las obras.

La empresa asegura además que, tras conocer los problemas con la garantía, consultó a Eurocommerce y recibió inicialmente como respuesta que el documento era válido y estaba vigente, y recuerda que posteriormente se inició una investigación penal en España. 

Cardama afirma que intentó alcanzar una solución con el gobierno y ofreció una garantía alternativa para subsanar el problema, pero acusa a las autoridades uruguayas de mantener una actitud “absolutamente obstructiva” y negarse a una negociación extrajudicial. En la demanda solicita que se declare que Uruguay incumplió sus obligaciones contractuales y reclama el pago de las sumas pendientes, una indemnización por daños y perjuicios y los costos del arbitraje.