La decisión del gobierno de Yamandú Orsi de declarar “reservada” la información vinculada al asesoramiento jurídico en el caso Cardama vuelve a encender una alarma institucional que va más allá de la discusión sobre dos patrulleras oceánicas. Lo que está en juego no es solo la eventual rescisión de un contrato millonario firmado en la administración anterior, sino la calidad democrática con la que se procesan decisiones sensibles y el acceso efectivo a la información pública.

El episodio más reciente suma un nuevo capítulo a una saga que combina irregularidades denunciadas, decisiones políticas de alto impacto y un creciente cruce entre oficialismo y oposición. Tras un primer pedido de acceso a la información presentado por el senador Andrés Ojeda, que fue rechazado por Presidencia a mediados de enero, ahora fue el Ministerio de Defensa —mediante resolución firmada por la ministra Sandra Lazo el 9 de febrero— quien negó nuevamente el acceso a los informes jurídicos que recomendarían rescindir el contrato con el astillero español Cardama Shipyard.

Información reservada

El argumento oficial se apoya en la figura de “información reservada”. En este caso, comprende un informe elaborado por la Dra. Cristina Vázquez y un estudio de carácter internacional que, según trascendió, aconsejarían la rescisión del contrato. Sin embargo, la propia ministra había realizado comentarios públicos sobre el contenido general de esos informes semanas atrás, lo que abre un interrogante: ¿hasta dónde puede sostenerse la reserva cuando parte del contenido ya fue expuesto en el debate público?

La reacción de la oposición

La reacción de la oposición no se hizo esperar. Ojeda, junto al senador nacionalista Javier García —exministro de Defensa durante la firma del contrato— anunció que promoverán una acción de acceso a la información pública ante la Justicia, amparados en la ley 18.381. La representación legal estará a cargo del abogado Pablo Schiavi. “Basta de esconder todo”, reclamó Ojeda, cuestionando que en una democracia consolidada como la uruguaya se niegue información sobre decisiones de alto impacto económico e institucional.

García fue aún más contundente al denunciar una estrategia de “oscurantismo y falta de transparencia”, sugiriendo que la decisión política de rescindir el contrato estaría primando sobre los fundamentos jurídicos. El señalamiento no es menor: si la rescisión se basa en informes técnicos, la publicidad de esos documentos fortalecería la legitimidad de la decisión. Si, en cambio, se ocultan, se alimenta la sospecha.

Fiscal con cuestionamientos

En paralelo, desde el equipo del fiscal de Delitos Económicos de 1° Turno, Alejandro Machado, trascendió una postura crítica respecto a la calidad formal de parte de la documentación presentada por el gobierno en la denuncia penal. Según allegados al fiscal, algunos insumos tendrían “cero valor jurídico” por no haber sido debidamente protocolizados o contextualizados. La Fiscalía aguarda que el Ejecutivo corrija esas falencias.

Este cruce agrega otra capa de complejidad: si la denuncia penal presenta debilidades formales, la negativa a divulgarla refuerza el clima de desconfianza. La transparencia no debería ser una concesión, sino una regla, especialmente cuando se trata de contratos millonarios, decisiones estratégicas en materia de defensa y posibles responsabilidades administrativas o penales.

¿Porque la reserva?

El caso Cardama, así planteado, deja una enseñanza incómoda: en democracia, la reserva debe ser la excepción estrictamente fundada, no la norma defensiva. Cuando el acceso a la información se judicializa, algo en el equilibrio entre poder y control empieza a tensarse peligrosamente. Uruguay ha construido su prestigio institucional sobre la base de reglas claras y controles efectivos. Preservarlo exige algo más que declaraciones: requiere abrir los archivos cuando la ley lo permite y la ciudadanía lo demanda.