La requisitoria enviada desde el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) al diario El País constituye un hecho grave y preocupante, que trasciende cualquier explicación burocrática. Exigir a un medio de comunicación que revele cómo accedió a documentos vinculados a una denuncia de acoso laboral —incluyendo datos sobre fuentes, fechas de acceso e incluso la entrega de un ejemplar físico de la nota— no es un simple “exceso de celo”, como intentó justificar el ministro José Carlos Mahía. Es una señal de alarma sobre prácticas que, de naturalizarse, erosionan pilares esenciales de la democracia.

Que tal solicitud haya sido emitida desde el MEC, revela fallas profundas en la comprensión institucional del rol de la prensa y de las garantías que la protegen. La investigación administrativa en curso para esclarecer una filtración no puede jamás justificar presiones indebidas sobre un medio periodístico.

El pronunciamiento del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo) fue contundente: la actuación del MEC es “improcedente” y sienta un “precedente preocupante”. En Uruguay, el secreto profesional está protegido por ley y es un resguardo indispensable para el trabajo periodístico. Pretender vulnerarlo implica desconocer principios internacionales de libertad de expresión.

No se trata de un error menor, sino de una línea que ningún organismo estatal puede cruzar sin costo institucional. La libertad de prensa no admite ambigüedades ni experimentos administrativos. Pretender vulnerarlo implica desconocer principios internacionales de libertad de expresión.