El intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, declaró ante el fiscal de Durazno, Diego Chaves, en la causa que lo investiga por presunta conjunción del interés público y privado, vinculada a la venta de un campo de su propiedad. La denuncia fue presentada en agosto de 2024 por el periodista Sebastián Ríos, quien reveló que Ezquerra impulsó la recategorización del terreno y la declaración de interés departamental de un proyecto maderero de capitales brasileños, para luego vender el predio por 210.000 dólares, cuando lo había comprado por 32.000. El intendente declaró que la solicitud de interés fue presentada por la empresa Ballintoy SAS y que él solo le dio trámite administrativo. Afirmó que, al momento de pasar el expediente a la Junta Departamental, ya no era propietario del campo y que adjuntó el certificado notarial de compraventa. Su defensa, encabezada por Gustavo Bordes y Fernando Posada, sostuvo que “no hubo ocultamiento” y que Ezquerra actuó con transparencia.

Ediles lo acusan de violación de Código de Ética del funcionario público

Ediles de distintos partidos desmienten esa versión y aseguran que el intendente omitió informar su vínculo con el predio, en violación al Código de Ética de la función pública. La causa se reactivó en marzo, luego de pasar por cinco fiscales, y las declaraciones de ediles del Frente Amplio, el Partido Nacional y Cabildo Abierto. Aunque la venta se concretó, la empresa finalmente se instaló en Rivera. La Fiscalía continúa analizando la documentación antes de resolver los próximos pasos.