La interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por el contrato con el astillero español Cardama por la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) para la Armada, culminó anoche con una declaración que respalda a la jerarca y al Poder Ejecutivo, aprobada solo con los votos del Frente Amplio. Quedaron por el camino las dos mociones que había presentado la oposición.

La oposición promovió dos mociones 

La oposición, en cambio, promovió dos mociones que no alcanzaron mayoría: una declaraba “insatisfactorias y peligrosas” las respuestas de la ministra y advertía por riesgos para la soberanía, la seguridad y el patrimonio del Estado; la otra proponía crear una comisión especial integrada por senadores del oficialismo y la oposición para acompañar —con carácter de representación parlamentaria— las actuaciones del Estado en relación con Cardama, con el objetivo de “velar por el interés superior del Uruguay”.

Los argumentos del senador Garcia

El miembro interpelante, el senador Javier García, quien como ministro de Defensa, firmó el contrato con Cardama, abrió su exposición defendiendo la necesidad de que la Armada Nacional cuente con patrulleras oceánicas y sostuvo que el debate de fondo es “la seguridad del Uruguay” frente al crimen organizado. Afirmó que hoy la Armada “no tiene la capacidad” para custodiar el mar territorial y acusó al gobierno de impulsar un “proceso de desmantelamiento” de las Fuerzas Armadas por motivos “ideológicos”.

Repasó los intentos fallidos de adquirir OPV durante los gobiernos frenteamplistas, que calificó como “15 años de turismo de astilleros”. En ese período “los lobbies empresariales y los intereses geopolíticos fueron más fuertes que las decisiones políticas”, y sostuvo que existió “un plan maquiavélicamente pergeñado para destruir esta compra o cualquier compra”. Afirmó que hubo “fuertes presiones políticas” para impedir que Abitab la constituyera. Calificó de “típicamente stalinistas” las investigaciones administrativas impulsadas en esta administración y acusó al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz —a quien llamó “Rasputín”— de operar desde la Torre Ejecutiva con una lógica de persecución política. Por último, solicitó que toda la versión taquigráfica de la sesión sea remitida a Fiscalía.

La respuesta de la Ministra Lazo

La ministra Sandra Lazo se centró en la fraudulenta garantía de fiel cumplimiento de contrato presentada por Cardama y a cargo de Eurocommerce. Lazo recordó que el estudio Delpiazzo, contratado por ese mismo ministerio, había advertido que la garantía no cumplía el contrato, ni en plazo ni en condiciones de ejecución. La ministra, sostuvo que se aceptó “una malísima opción”, sin verificar la idoneidad de Eurocommerce.  “Todas las alarmas que se habían encendido previo a la celebración del contrato, que informaban objetivamente de una empresa con grave riesgo crediticio, con un reducido patrimonio, de una escala significativamente muy inferior al volumen de este contrato —diez veces superior a la facturación anual de la empresa—, recibían ahora una fuerte confirmación derivada de la continua negativa de múltiples entidades financieras que se dedican profesionalmente al otorgamiento de garantías”.

Lo de rescindir el contrato, Lazo afirmó que “al día de hoy, no está decidida”. Concluyó que la gestión previa de las garantías fue “difícil de hacer peor” y que el actual gobierno actúa para resguardar los intereses del país.