La resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, lejos de cerrar el debate, lo profundizó. Por mayoría —dos votos a favor y uno en contra, el del representante de la oposición, Luis Calabria— el organismo concluyó que no existe incompatibilidad entre su rol al frente del prestador estatal y sus actividades como docente universitario y médico en mutualistas privadas. Sin embargo, para buena parte de la opinión pública, el fallo no despeja la cuestión central: la evidente falta al principio de buena fe y a los estándares éticos que deberían regir la función pública.

Un fallo que ignoro contrataciones y conflictos

El punto crítico es uno: Danza renunció ahora a su actividad privada, pero lo hizo después de haber dirigido ASSE mientras seguía vinculado laboralmente a tres mutualistas —La Española, Médica Uruguaya y Cams— y después de que, durante su gestión, ASSE contratara servicios médicos en esas mismas instituciones. El conflicto de interés, aunque la Jutep lo relativice, es para muchos innegable.

Las compras directas registradas en la Agencia Reguladora de Compras Estatales son claras: el 25 de julio ASSE pagó más de $70.000 a Médica Uruguaya por una angiotomografía; el 15 de agosto contrató a Cams por una internación de hasta dos días por $107.417; y el 3 de noviembre adquirió a la Asociación Española un insumo de laboratorio para detectar anticuerpos específicos. No son grandes convenios ni licitaciones millonarias, pero sí vínculos comerciales concretos con instituciones en las que el propio Danza trabajó hasta ayer. Ese es el núcleo del problema.

La Constitución, la ley de ASSE y el Código de Ética en la Función Pública son categóricos: ningún jerarca puede involucrarse en procesos que se relacionen directa o indirectamente con entidades privadas con las que mantenga vínculos laborales o profesionales. Eso es precisamente lo que ocurrió. Y, pese a ello, el gobierno ha optado por una defensa cerrada que no pasa inadvertida.

Un apoyo oficial que incomoda

El presidente Orsi, su equipo más cercano y la bancada oficialista han respaldado a Danza con un entusiasmo difícil de justificar frente a la evidencia. La ministra Cristina Lustemberg incluso sostuvo que no había “conflicto de interés directo ni indirecto”, minimizando las contrataciones y reduciendo el asunto a la inexistencia de grandes convenios. Una lectura, cuanto menos, indulgente.

La ciudadanía observa lo contrario: un jerarca ubicado a ambos lados del mostrador, un fallo oficial que parece forzado y un gobierno que, lejos de marcar distancia, eligió mirar hacia otro lado. El caso Danza no es un episodio menor, ni técnico, ni administrativo. Es una prueba de carácter para un gobierno que prometió transparencia. Hoy, la sensación es que volvió a fallar.