El acuerdo del Frente amplio y Cabildo Abierto, provoco críticas por parte de los otros partidos de oposición; a su vez, los cabildantes retrucaron y apuntaron contra los coalicionistas. Para Abdala, llamó la atención que “por lo visto el acuerdo al que se arribó tiene un alcance bastante mayor a la propia Rendición de Cuentas” y se ubica más en un concepto de “una agenda compuesta para distintos asuntos de gobierno”. En contraposición, esta instancia de Rendición “confirma que la coalición republicana, más que entendimientos aislados entre tres partidos, ya es un ámbito que tiene vida propia y una entidad política”. Y mientras tanto, se alerta una situación “legítima”, pero “de bastante mayor entidad en términos del entendimiento político” entre el FA y CA, inclusive marcada por “coincidencias en materia de política económica”.

¿Posible instancia de negociación?

Con respecto a la presentación de sustitutivos y aditivos, existe la posibilidad de que se conforme un “ámbito de negociación”, pero hasta la semana pasada no lo había, señaló además Gurméndez. “No quita que, con el mérito de nuestros aditivos o sustitutivos en el plenario y que haya el temperamento de acompañarlos, podría ocurrir que se logre mayoría para alguno de ellos”, agregó.

Manini Rios: y su dura crítica

Manini Ríos se refirió a las críticas que surgieron desde filas blancas, coloradas e independientes: “Gracia o sorpresa me causa la actitud de algunos actores políticos de la coalición. Cabildo Abierto es un partido diferente, no integramos la coalición”.

Cuestionamientos de Gurméndez

El diputado colorado y vicepresidente de la comisión, afirmó que ya en ese ámbito se votó en contra de varias disposiciones. “Son leyes que no corresponden al ámbito presupuestal, en las que en principio tenemos reservas y además no resulta conveniente analizar en el ámbito del presupuesto del Estado”, aseguró el legislador colorado. Sumado a lo mencionado por Abdala, Gurméndez también indicó que plantearán agregados en lo referido a la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR, que ahora sería “de Reinserción”), por identificar problemas en cuanto a su gobernanzas; critican que se le dan “superpoderes” a su directiva. También se apunta a incorporar tres contadores al Tribunal de Cuentas para el contralor del financiamiento de los partidos políticos -el organismo fue otorgado facultades en la temática a partir de la aprobación de la última ley en 2024-, “algo que el FA votó en contra”, advirtió el diputado.