El ministro del Interior, Carlos Negro, presentó a la bancada parlamentaria del Frente Amplio, el proyecto de ley para transformar al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en un servicio descentralizado y que salga de la órbita del Ministerio del Interior (MI). “El instituto que se propone crear tendrá como competencia el diseño, implementación y control de las políticas y programas de reinserción social, la organización y gestión del sistema penitenciario y la vigilancia y control de las unidades penitenciarias”, se señala en la exposición de motivos.

“Respuesta a crisis estructural”

El ministro, sostiene que la iniciativa “surge en respuesta a la crisis estructural del sistema penitenciario”, que se caracteriza “por niveles inaceptables de hacinamiento, condiciones edilicias deficitarias, dificultades para el ejercicio de derechos y acceso a programas de tratamiento por parte de la población encarcelada, carencias de recursos humanos y materiales, así como debilidad extrema del sistema de medidas alternativas”. Entendiendo que “La evidencia muestra que los sistemas penitenciarios colapsados no solo no logran operar como mecanismos eficaces para combatir el delito, sino que incluso pueden actuar reforzando identidades y hábitos delictivos, así como consolidar grupos criminales”, como notoriamente esta pasando. “Este proyecto representa un paso fundamental para avanzar en el proceso de reforma penitenciaria, pues una institucionalidad moderna y fortalecida redundará en el mejor funcionamiento del sistema penal y colaborará en el abordaje integral de los problemas de seguridad pública”, afirma el Ministerio del Interior en la exposición de motivos.

Las medidas que propone

El nuevo Instituto Nacional de Reinserción será dirigido por un director general que durará cinco años en su cargo, con la posibilidad de ser reelecto, quien será secundado por un secretario general. Los sueldos de ambos jerarcas no podrán exceder el 60% del salario nominal que percibe un senador de la República.

En cuanto al personal civil, el proyecto dispone que los cargos presupuestales de escalafones civiles y el personal civil vinculado contractualmente al actual INR se incorporarán al servicio creado por la presente iniciativa.

Por otro lado, se establece que el personal civil del MI que preste servicios en el INR en régimen de comisión de servicio “podrá optar por incorporarse al servicio descentralizado o seguir prestando funciones en el mismo [MI] en régimen de pase en comisión”.

La iniciativa también autoriza el traslado de funcionarios civiles de la administración central para desempeñar en comisión tareas de asistencia directa a la dirección general durante su gestión. En ese sentido, el nuevo organismo podrá tener hasta cinco funcionarios en comisión simultáneamente al amparo de este régimen.

El artículo 10 del proyecto establece que el MI va a asegurar la provisión de personal policial “para el cumplimiento de los cometidos de la presente ley mediante pases en comisión al servicio descentralizado, hasta tanto no sea creado un servicio especializado en seguridad penitenciaria”.

Asimismo, la iniciativa dispone que, dentro de un plazo de 180 días a partir de su designación, el director general del instituto “deberá proyectar las estructuras organizativas y de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Reinserción, así como el estatuto del personal”, que se elevará al Poder Ejecutivo para su aprobación.