El gobierno busca descomprimir el conflicto del transporte de carga, que trasciende la polémica por la guía electrónica y tiene como eje los costos, el precio del gasoil y la rentabilidad de los pequeños transportistas. A medida que el conflicto de los transportistas autoconvocados gana visibilidad, el gobierno decidió profundizar el diálogo con los distintos actores del sector. En ese marco, el presidente Yamandú Orsi recibió en la residencia de Suárez y Reyes a representantes de transportistas de Salto y Paysandú, quienes trasladaron su preocupación por la delicada situación económica que atraviesa la actividad, especialmente entre los pequeños operadores.

Autoconvocados con 11 propuestas 

Durante el encuentro, los transportistas entregaron un documento con once propuestas destinadas a mejorar la competitividad y aliviar los costos que enfrenta el sector. Entre las iniciativas presentadas figura la creación de un régimen de crédito fiscal para el consumo productivo de gasoil, uno de los principales reclamos debido al fuerte impacto que tiene el combustible en la estructura de costos del transporte.

Desde Presidencia se destacó que las propuestas presentadas no contradicen el trabajo que viene realizando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) junto a la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC), sino que constituyen un aporte adicional para enriquecer el análisis de la situación. 

La principal señal transmitida por Orsi fue la voluntad de mantener abiertos los canales de diálogo y escuchar las inquietudes de quienes han protagonizado movilizaciones en los últimos días.

Paralelamente, la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, desplegó una intensa ronda de reuniones con transportistas de distintos departamentos, entre ellos Rivera, Salto, Artigas, Paysandú, Colonia, San José, Montevideo y Canelones. La jerarca confirmó que el gobierno continuará promoviendo instancias de intercambio durante la próxima semana con el objetivo de identificar soluciones y reducir la tensión generada por el conflicto.

Uno de los aspectos que el gobierno intenta aclarar es el papel de la guía electrónica de carga, instrumento que inicialmente fue señalado como detonante de las protestas. Sin embargo, Etcheverry sostuvo que la herramienta no justifica por sí sola la magnitud de la movilización, ya que aún se encuentra en etapa de diseño, no es obligatoria y no implica costos para los usuarios. 

Se reconoce que dificultades de los transportistas son profundas

A su juicio, las dificultades planteadas por los transportistas son más profundas y están vinculadas a problemas estructurales del sector. Entre esos factores aparecen reiteradamente los costos laborales, la conformación del precio de los fletes y la dificultad para trasladar aumentos de costos a quienes contratan los servicios de transporte. Además, la ministra señaló que las realidades son muy diversas según el tipo de actividad, ya sea transporte de granos, ganado o producción forestal, por lo que las soluciones deberán contemplar esas diferencias.

Preocupación y debate en el Parlamento

El debate también llegó al Parlamento. Allí, dirigentes de la ITPC coincidieron con buena parte de los reclamos de los autoconvocados y reconocieron la existencia de problemas estructurales que afectan a la actividad. Su presidente, Ignacio Asumendi, admitió que el sector necesita apoyo para corregir distorsiones vinculadas a los sistemas de remuneración y a la sostenibilidad económica de muchas empresas. Mientras tanto, legisladores de la oposición han respaldado públicamente los reclamos y apuntan especialmente al costo del gasoil y a la política de fijación de combustibles. En este contexto, el conflicto parece haber ingresado en una nueva etapa: la de la negociación política y técnica, donde el desafío será transformar los reclamos en medidas concretas que permitan preservar la viabilidad de una actividad clave para la producción nacional.