El conflicto laboral en la principal terminal de contenedores del puerto de Montevideo vuelve a tensarse. El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) cumplió un nuevo paro entre las 19.30 del miércoles y las 7 de este jueves 3 de setiembre, mientras crece la posibilidad de que las medidas vuelvan a extenderse y afecten nuevamente la operativa portuaria. La Terminal Cuenca del Plata (TCP) advirtió que cualquier modificación del horario anunciado o una extensión del paro podría alterar la atención de buques y camiones, agregando nuevas dificultades a una actividad estratégica para el comercio exterior uruguayo.

Una negociación que no encuentra salida

El conflicto se arrastra desde el vencimiento del convenio colectivo, el 31 de mayo. Desde entonces se sucedieron reuniones entre la empresa y el sindicato, con participación también del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), sin que se lograra cerrar un nuevo acuerdo. TCP, operada por la multinacional belga Katoen Natie, sostiene que realizó sucesivas propuestas y que incluso incorporó mejoras ante nuevos planteos sindicales.  La última propuesta había quedado formulada en términos definitivos, luego de que el sindicato presentara siete nuevas exigencias y TCP aceptara mejorar tres de ellas. Sin embargo, lejos de destrabarse la negociación, SUPRA decidió retomar las medidas de fuerza. Entre sus principales reclamos se encuentra la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial.

Más de 20 jornadas de paro en 2026

La situación adquiere especial gravedad por la reiteración de las paralizaciones. Con este nuevo episodio, el puerto de Montevideo acumula más de 20 jornadas de afectación de la actividad durante este año. Cada nueva interrupción representa dificultades para el movimiento de contenedores, la atención de buques y camiones y, en definitiva, para empresas que dependen de la continuidad de la actividad portuaria para importar o exportar. El problema deja de ser, por tanto, exclusivamente una disputa entre una empresa y sus trabajadores. El puerto constituye una pieza fundamental de la economía nacional y cualquier interrupción prolongada puede traducirse en costos, demoras y pérdidas para todo el sector productivo.

El Gobierno, ante una decisión inevitable

La creciente conflictividad ya provocó reclamos desde la oposición para que concurran al Parlamento el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry. A los cuestionamientos políticos se suman las preocupaciones de sectores de la producción, la industria y el comercio, que advierten sobre los perjuicios millonarios que las paralizaciones pueden ocasionar tanto a las exportaciones como a las importaciones. Frente a esta situación, el Gobierno enfrenta un dilema que ya no puede postergar: garantizar el derecho de huelga, pero también asegurar el funcionamiento de una actividad esencial para el comercio exterior. Mientras el conflicto continúa y las medidas sindicales amenazan con prolongarse, aumenta la pregunta que el Poder Ejecutivo deberá responder: ¿hasta cuándo permitirá que un conflicto laboral siga condicionando una actividad estratégica para todo el país?