El Senado completó anoche la aprobación parlamentaria de la Ley de “muerte digna”, que regula la práctica de la eutanasia en Uruguay. La norma obtuvo 20 votos en 31, con el respaldo del Frente Amplio, la nacionalista Graciela Bianchi y los colorados Ope Pasquet —que ocupó por el día la banca de Robert Silva— y Heber Duque —suplente de Andrés Ojeda.

El texto establece que toda persona mayor de edad, psíquicamente apta y que padezca una enfermedad crónica, incurable o irreversible que le provoque sufrimientos insoportables, podrá solicitar que se le practique la eutanasia “de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”. El procedimiento requiere la intervención de dos médicos y, si hay discrepancias, la consulta a un ateneo. También reconoce la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.

Con esta votación, Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en permitir la eutanasia por ley. En Colombia y Ecuador fue despenalizada por fallos judiciales. 

La aprobación llegó tras varios años de debate político y social. El primer proyecto fue presentado en 2020 por el entonces diputado colorado Ope Pasquet, pero no avanzó en el Senado. La discusión se retomó en esta legislatura con una nueva iniciativa del Frente Amplio, que recogió aportes de varios partidos y culminó ahora con la sanción definitiva de la ley.

Entre los defensores del proyecto, el senador frenteamplista Daniel Borbonet destacó que se trata de “una ley de libertad, dignidad y autonomía”, que “no impone conductas” y “ofrece una alternativa a quienes enfrentan sufrimientos irreversibles”.

Desde el Partido Colorado, Pasquet afirmó que la ley “es liberal y humanitaria”, porque permite a quienes padecen males incurables decidir libremente el final de su vida y recibir ayuda médica. Dijo que “no impone nada a nadie” y garantiza la libertad tanto de los pacientes como de los médicos, que pueden ampararse en la objeción de conciencia.

Visiones criticas también

En la vereda opuesta, el también colorado Pedro Bordaberry advirtió que la ley “tiene problemas de redacción graves” y “carece de garantías” para pacientes y equipos médicos. Señaló que el texto podría dejar a los profesionales expuestos a ser juzgados una vez realizada la eutanasia, por no definir con precisión los procedimientos ni las responsabilidades. Además, sostuvo que “hay un error” en “crear un derecho a la muerte”. Desde el Partido Nacional, Javier García cuestionó la denominación de “muerte digna” y sostuvo que “el Estado no debería hacerse cargo de la muerte sin hacerse cargo de la vida”, insistiendo en que el esfuerzo debería centrarse en los cuidados paliativos y en el acompañamiento al final de la vida. Asi apunto a que la Ley de Cuidados Paliativos (N° 20.179), aprobada en 2023, fue reglamentada el pasado 8 de octubre. Los prestadores de salud tienen un plazo de dos años para comenzar a ofrecer el servicio.