La Confederación de Cámaras Empresariales volvió a poner sobre la mesa uno de los problemas que más condicionan el desarrollo del Uruguay: el elevado costo de producir. Para el sector privado, simplificar trámites y reducir cargas burocráticas es necesario, pero insuficiente si no se atacan los costos estructurales de la economía.

Durante el encuentro “Competitividad para crecer”, realizado en la Expo Prado, el presidente de la CCE, Leonardo Loureiro, fue claro: una empresa puede invertir, incorporar tecnología, capacitar trabajadores y buscar nuevos mercados, pero no puede resolver por sí sola el precio de la energía, el costo de la infraestructura o las dificultades logísticas.

El empresario valoró el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida que se encuentra en el Parlamento, aunque advirtió que “con eso no alcanza”. La competitividad, sostuvo, “no cabe dentro de una ley”, porque depende de un conjunto de condiciones que deben mejorar simultáneamente.

Uno de los principales reclamos apunta al costo de la energía. Uruguay logró una transformación importante de su matriz eléctrica y posee una elevada participación de fuentes renovables, pero esa fortaleza todavía no se traduce necesariamente en una ventaja para quienes producen. Las diferencias tarifarias con Argentina, Brasil y Chile afectan a industrias, comercios, productores y pequeñas y medianas empresas. También preocupa el costo logístico y de transporte, considerado determinante para un país que necesita exportar y competir en mercados regionales e internacionales.La CCE cuestionó además que el gasoil productivo aporte al financiamiento del transporte colectivo, mediante un recargo de $3 por litro, equivalente a cerca de un 5% del precio.

El mensaje empresarial es contundente: Uruguay no podrá ganar mercados ni atraer inversiones solamente con discursos sobre competitividad. Si producir cuesta más que en los países vecinos, la cuenta termina pagándola toda la economía.