La Vertiente Artiguista expresó preocupación por la situación de la Fiscalía de Corte, ocupada en forma interina por Mónica Ferrero desde 2024, y propuso que se designe un fiscal general y su subrogante por los mecanismos previstos en la ley. En particular, planteó que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo adecúen el marco legal vigente y restablezcan criterios imparciales y aleatorios para designar al fiscal general interino, de acuerdo con el artículo 59 de la ley 19.483. Esa norma establece que la subrogación del fiscal de Corte corresponde a quien ocupe el cargo del fiscal adjunto de Corte y, si este estuviera impedido, se debe sortear al subrogante entre los fiscales penales de Montevideo.

Preocupados por situación y marcha del gobierno

La declaración aprobada ayer por la Directiva Nacional de la Vertiente Artiguista, también abarcó la situación política y la marcha del gobierno. En ese marco, el sector reafirmó la necesidad de combatir toda forma de impunidad vinculada al terrorismo de Estado. El sector advirtió sobre un “embate de la oposición de derecha procurando la liberación de los presos de Domingo Arena” y cuestionó los dichos del comandante del Ejército, Mario Stevenazzi, sobre el pasado reciente. La Vertiente recordó que el 20 de mayo, horas antes de la Marcha del Silencio, Stevenazzi dijo que el Ejército no tiene información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos y afirmó que la institución “no esconde nada”. Para el sector, esas declaraciones no ayudan a generar el clima necesario para avanzar en verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Valoró que el Ministerio del Interior haya puesto a disposición nuevos documentos de Inteligencia Policial vinculados a la dictadura.

La Vertiente advirtió que las encuestas muestran cierta insatisfacción ciudadana con la gestión del gobierno, aunque también cuestionó a la oposición, a la que acusó de impulsar una estrategia de hostigamiento y bloqueo a iniciativas oficiales. Además, respaldó la próxima Rendición de Cuentas como una oportunidad para asignar recursos a áreas prioritarias, como infancia, seguridad, situación de calle y empleo.