Senadora Diaz su defensa en la interpelación

La senadora Bettiana Díaz  (FA) en la interpelación a la Ministra de Defensa. buscó centrar el debate, no en la adquisición de las OPV, sino “cómo se gestionó el proceso de compra, qué controles se aplicaron y cuáles fallaron”. Asi,rechazó las supuestas “tareas de inteligencia” realizadas por enviados del Ministerio de Defensa  y advirtió que hablar de espionaje es extremadamente grave porque también constituye delito ante la Justicia Militar. Cuestionó, además, la acusación de “presiones políticas” sobre Abitab y recordó que el Banco de Seguros del Estado —presidido por el oficialismo durante el período anterior— también rechazó dos veces avalar la operación.

Bordaberry consideró que el contrato esta bien hecho

Desde el Partido Colorado, el senador Pedro Bordaberry, sostuvo que el contrato con Cardama “es un contrato bien hecho”. Sin embargo, apuntó que la garantía es el elemento más problemático: reconoció que es “sospechosa”, pero recordó que desde el punto de vista legal es un contrato accesorio y que su invalidez no habilita automáticamente a rescindir el contrato principal. Añadió que el Estado ya pagó basándose en ese aval, tanto en el gobierno anterior como en el actual, por lo que “todos somos responsables”, dijo. Alertó que, si Uruguay no logra probar que Cardama participó en una maniobra fraudulenta, el país podría exponerse a juicios y condenas internacionales. Criticó que el gobierno anunciará su intención de rescindir, lo que podría permitir a la empresa argumentar que perdió crédito ante proveedores por efecto de esa señal pública.

El reclamo de Lazo a la oposición

Lazo, manifestó su “asombro” porque esperaba un Senado alineado en la defensa del Estado ante un “gran fraude”, pero observó a parte de la oposición “más preocupada por defender los intereses de un empresario”. Sostuvo que el gobierno no acusó penalmente a Cardama, sino que constató que “la garantía de fiel cumplimiento no existía”, y reafirmó que las decisiones se toman “en función de los intereses generales del Estado uruguayo”.

Garcia: El accionar del gobierno, demuestra que no tiene rumbo

Javier García habló junto a legisladores de la oposición, subrayó que la ministra reconoció que “el contrato está vigente”, algo que, según dijo, demuestra que “el gobierno no tiene rumbo ninguno” en un tema que compromete la seguridad marítima y los recursos públicos. Cuestionó que el oficialismo denuncie una estafa en la garantía mientras —sostuvo— “pagó más de 20 millones de dólares” y mantiene vínculos con la empresa.

“Un gobierno que se va a pique”

García afirmó que el Ejecutivo da “manotazos de ahogado”, que es “un gobierno que se va a pique” y que “la garantía es la excusa”; a su juicio, la motivación real es “el miedo que le tienen a Luis Lacalle Pou”, de cara a las próximas elecciones nacionales.

Lazo: Las patrulleras van a estar

Lazo replicó que “inferir que velar por los intereses de nuestro país es una operación política” busca desviar la atención de “un fraude contra el Estado”. Además, aseguró que, tal como dijo días atrás el presidente Yamandú Orsi: “las patrulleras van a estar”.