El jueves 17 de septiembre, la Junta Departamental de Salto aprobó la autorización para que la Intendencia pueda contratar con privados, por un plazo de hasta 12 años, la gestión de la recolección, el barrido, la colocación y gestión de contenedores y la disposición final de los residuos. Una decisión que apunta a cambiar radicalmente la forma en que se prestan servicios esenciales para nuestra ciudad.

Desde mi lugar como presidente de la Comisión de Turismo y Trabajo, veo esta decisión con muy buenos ojos. Una ciudad limpia, ordenada y con una gestión adecuada de sus residuos no es solamente una cuestión estética. Es calidad de vida, salud, ambiente, trabajo y también turismo.
Quien visita Salto se lleva una impresión de nuestra ciudad. Y quienes vivimos aquí merecemos transitar por calles limpias, encontrar una recolección eficiente y contar con una solución ambientalmente responsable para el destino final de nuestros residuos.
Por eso resulta difícil comprender las críticas que se han escuchado desde el FA y ADEOMS.

Nos hablan de millones de pesos y millones de dólares. Nos dicen que la Intendencia podría continuar gestionando el servicio. Que con determinada cantidad de camiones sería suficiente. Que habría que invertir en maquinaria. Que el camino correcto sería mantener todo bajo gestión municipal. ADEOMS incluso ha cuestionado cuánto costaría la eventual contratación y ha planteado que parte de los recursos disponibles podría destinarse a recuperar infraestructura y maquinaria.

Todo puede discutirse. Pero hay una pregunta que resulta inevitable. ¿Por qué esas soluciones no se aplicaron cuando el FA gobernó Salto durante diez años? Porque hoy parece que aparecieron todas las respuestas. Ahora saben cuántos camiones hacen falta, cuánto hay que invertir, cómo organizar la recolección y cuál es el modelo adecuado para administrar los residuos. Pero gobernaron diez años. Y al final de esos diez años, Salto tenía serios problemas de recolección, dificultades con la maquinaria, vehículos fuera de servicio y un vertedero que arrastraba graves problemas ambientales y operativos. En los últimos años incluso se documentaron situaciones críticas vinculadas al funcionamiento del vertedero y a la disponibilidad de maquinaria.

Entonces la pregunta es sencilla: si tenían la solución, ¿por qué no la aplicaron? Y si la aplicaron, ¿por qué no funcionó? Porque resulta bastante difícil aceptar que quienes tuvieron una década para resolver el problema ahora pretendan presentarse como portadores de la fórmula mágica para solucionarlo.

La actual administración no inventó el problema de los residuos. Lo recibió. Y precisamente porque el sistema existente demostró tener dificultades estructurales, el Ejecutivo Departamental decidió buscar una alternativa. El proyecto presentado plantea reorganizar la recolección, el transporte y la disposición final, cerrar el actual vertedero a cielo abierto y avanzar hacia un relleno sanitario, incorporando equipamiento y tecnología.

¿Es una decisión importante? Sí. ¿Debe ser controlada? Absolutamente. ¿Debe cuidarse cada peso de los salteños? Por supuesto.
Pero una cosa es ejercer el contralor y otra muy diferente es pretender paralizar cualquier cambio defendiendo un modelo que durante años no logró dar las respuestas que Salto necesitaba.

El Frente Amplio y ADEOMS tienen todo el derecho de cuestionar, controlar y proponer. Pero también tienen la obligación política de explicar por qué, durante diez años de gobierno, no hicieron aquello que hoy presentan como soluciones. Porque gobernar no es solamente decir qué habría que hacer cuando se está en la oposición. Gobernar es hacerse cargo, tomar decisiones y resolver los problemas. Y eso es precisamente lo que está haciendo este Gobierno. No estamos tercerizando la responsabilidad pública. La Intendencia seguirá siendo responsable de controlar y exigir que el servicio se preste correctamente. Lo que se busca es incorporar capacidad operativa, tecnología, inversión y eficiencia para que Salto tenga finalmente el servicio que merece.