Desde la asunción de Orsi el 1º de marzo de 2025, Uruguay ha comenzado a transitar un proceso que resulta profundamente preocupante en su composición sectorial y territorial. El cierre de empresas como Yazaki, con aproximadamente 1.000 trabajadores desvinculados, o la salida de firmas tecnológicas como UKG y Tether, no puede analizarse únicamente desde la lógica de la reestructuración global. Cuando estos episodios se acumulan junto a decisiones como la reducción de hasta el 40% de la plantilla de BASF o los recortes en Sabre, emerge un problema estructural: Uruguay está dejando de ser competitivo para la inversión productiva y el desarrollo tecnológico. No se trata de hechos aislados, sino de señales convergentes que evidencian una pérdida de atractivo sistémico. El argumento oficial, que atribuye estos movimientos a transformaciones globales en los modelos de negocio, resulta insuficiente.

Si bien es cierto que la economía mundial atraviesa cambios profundos, la función de un gobierno no es describirlos, sino amortiguar sus efectos y generar condiciones para que el país se adapte sin sacrificar empleo. En este sentido, la administración Orsi ha mostrado una preocupante falta de anticipación y, más grave aún, una ausencia de medidas concretas orientadas a retener inversiones o reconvertir sectores en declive. La política pública ha quedado rezagada frente a la velocidad de los cambios.

El impacto de esta dinámica se refleja con claridad en los indicadores laborales. El aumento del desempleo, que alcanza a unas 133.000 personas a comienzos de 2026, no es solo un dato estadístico: es la manifestación tangible de un mercado laboral que pierde dinamismo.

A esto se suma el incremento del cierre de empresas en un 14% durante el último trimestre de 2025, lo que confirma que el problema no se limita a grandes multinacionales, sino que también afecta al tejido empresarial nacional, particularmente a pequeñas y medianas empresas que carecen de espalda financiera para resistir entornos adversos prolongados.

Sin embargo, el aspecto más crítico de esta situación es su distribución territorial. Departamentos del interior como Salto enfrentan un escenario particularmente adverso. Históricamente dependiente de actividades agroindustriales y servicios vinculados al comercio regional, Salto presenta hoy una vulnerabilidad creciente frente al deterioro del empleo formal. La combinación de menor inversión, cierre de unidades productivas y aumento de la informalidad genera un círculo vicioso difícil de revertir, donde cada pérdida de empleo formal empuja a más trabajadores hacia condiciones precarias.

En Salto, el desempleo no solo implica pérdida de ingresos, sino también migración forzada, precarización laboral y debilitamiento del entramado social. La falta de políticas diferenciadas para el interior profundiza las asimetrías territoriales, consolidando un país a dos velocidades: una capital que resiste con dificultades y un interior que se rezaga de forma acelerada, perdiendo capital humano y oportunidades de desarrollo. Regular la salida no sustituye la necesidad de generar condiciones para la permanencia.

Más aún, este tipo de iniciativas puede terminar enviando señales negativas a los inversores, al introducir mayores rigideces sin ofrecer incentivos compensatorios. En un contexto regional altamente competitivo, donde países vecinos disputan activamente la captación de capitales, Uruguay no puede darse el lujo de incrementar la incertidumbre regulatoria.

La crítica de fondo a la gestión de Orsi radica en la ausencia de una estrategia integral de desarrollo productivo.
No se observan políticas claras de promoción industrial, ni una agenda robusta de innovación que permita sostener el posicionamiento del país en sectores de alto valor agregado. La transición tecnológica, lejos de ser aprovechada, está siendo padecida.

En definitiva, Uruguay enfrenta hoy un punto de inflexión. La acumulación de cierres empresariales, la retracción del empleo y el deterioro de regiones como Salto no son fenómenos inevitables, sino el resultado de decisiones —o de la falta de ellas— en materia de política económica.