Lo que está saliendo a la luz en torno a varias cooperativas de vivienda en Salto no es un simple error administrativo. Es, lisa y llanamente, un escándalo que merece una profunda reflexión política, social y ética. Porque cuando se juega con el techo de la gente, no hay excusas que alcancen. Según informó el edil de la Coalición Republicana, Jesús Escobar, al menos 12 familias se presentaron ante la Junta Departamental con un planteo tan concreto como angustiante: los terrenos que les fueron otorgados por la Intendencia en el período pasado, durante el gobierno de Andrés Lima, para construir sus viviendas cooperativas, no habrían sido entregados de forma legal. El resultado es devastador: miedo, incertidumbre y la amenaza real de perderlo todo.

Pero el problema no se limita a ese primer grupo. A medida que los ediles comenzaron a indagar, solicitar informes y reunirse con autoridades del área de Vivienda de la Intendencia, el panorama se volvió aún más grave. Hoy se habla de más de 60 familias en idéntica situación, principalmente en cooperativas ubicadas hacia el extremo Este de la ciudad. Y detrás de cada familia hay padres, madres, hijos, proyectos de vida. No números.

La pregunta cae de madura: ¿cómo se puede llegar a este punto? ¿Cómo se puede otorgar un terreno para vivienda sin que esté legalmente respaldado? ¿Qué grado de improvisación, negligencia o irresponsabilidad política se necesita para tomar una decisión de semejante impacto social sin garantizar su legalidad?

La vivienda es uno de los temas más sensibles para cualquier sociedad, y en Salto lo es aún más. El departamento arrastra altos niveles de desempleo, zafralidad e informalidad. Para muchas familias, la cooperativa es la única vía posible para acceder a un techo digno. Son personas que se organizan, aportan, trabajan fines de semana, confían en el Estado y creen en la palabra de las autoridades.

¿Fue esto una falta de respeto? Sin dudas. ¿Se jugó con la necesidad de la gente? Todo indica que sí. Y entonces aparece una sospecha incómoda pero inevitable: ¿se trató de una enorme jugada política para obtener votos? Porque si se prometieron terrenos sin respaldo legal, si se apuraron procesos, si se miró para otro lado, el objetivo no puede haber sido otro que el rédito político inmediato. Pero una jugada que engaña a la gente, ¿no roza la estafa? Muchos dirán que sí.

Lo más alarmante es que hay cooperativas que están en plena construcción y recién ahora se enteran de esta situación. ¿Qué hacen esas familias? ¿Cómo continúan? El desconcierto es total, y al desconcierto se suman el enojo, la frustración y una incertidumbre que corroe.
Se estima que unas 5.000 personas podrían verse afectadas directa o indirectamente. Una barbaridad.

La pregunta final es tan simple como dura: ¿las autoridades que avalaron la entrega de esos terrenos desconocían la ilegalidad o todo fue pensado así? ¿Tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo departamental se actuó con semejante liviandad? ¿No importa el daño causado? Cuando la política pierde sensibilidad y responsabilidad, el costo siempre lo paga la gente. Y en este caso, el precio es nada menos que el derecho básico a la vivienda.