Cuando el Instituto Nacional de Colonización (INC) fue creado en 1948, respondía a un mandato ético, histórico y social: democratizar la tierra, desmantelar el poder concentrado de los latifundios y garantizar oportunidades reales a los pequeños y medianos productores. Era, en definitiva, un proyecto de justicia territorial inspirado en los principios artiguistas. Hoy, más de siete décadas después, ese espíritu parece haber sido enterrado bajo toneladas de cemento, galpones y silencios oficiales.

En un contexto mundial incierto, con una economía nacional que aún espera señales claras, el gobierno decide de forma súbita y sin debate gastar 34 millones de dólares en un campo con una mansión incluida. Un predio que requiere inversiones millonarias adicionales para ser mínimamente operativo, especialmente si se lo pretende destinar a la lechería. ¿Qué lógica tiene esto, cuando el país no tiene aún aprobado su presupuesto, ni un rumbo claro?

Más que una compra estratégica, la operación huele a capricho. A un monumento en vida, disfrazado de homenaje, que contradice no sólo la misión del INC, sino el sentido común. ¿Dónde están los estudios técnicos que justifiquen semejante erogación? ¿Dónde el plan concreto para radicar colonos, generar empleo y aumentar la producción? El silencio es ensordecedor.

Pero el escándalo no termina en la sospechosa compra. Tiene una dimensión aún más grave: la institucional. El actual presidente del INC, Eduardo Viera, resulta ser colono. No "ex colono". Colono activo. Lo que lo inhabilita de manera directa e indiscutible para formar parte del Directorio del organismo, según el artículo 200 de la Constitución. Es decir: está ejerciendo un cargo para el cual está explícitamente impedido por la ley fundamental del país.

No sólo se violó la Constitución, sino que, peor aún, Viera ocultó esta información al presentar su currículum ante el Parlamento. No fue un olvido. Fue una omisión consciente que condujo a la Asamblea a cometer un error de designación. Un engaño institucional que pone en entredicho todos los actos firmados por él desde que asumió. Actos que pueden ser declarados nulos. Es decir: estamos ante un riesgo jurídico real de consecuencias económicas para el Estado, que podría verse obligado a pagar indemnizaciones por decisiones tomadas por una autoridad ilegítima.

Aquí no hay espacio para interpretaciones laxas ni relativismos de ocasión. El artículo 200 es claro: no se puede ser juez y parte. Un colono no puede dirigir el organismo que regula y administra a los colonos. No importa cuán honesto sea. No importa cuán buenas intenciones proclame tener. La ley se hizo precisamente para evitar que las buenas intenciones sean usadas como coartada.

Lo más preocupante es la actitud del gobierno, que parece dispuesto a defender lo indefendible, como ya lo ha hecho con otros jerarcas caídos por faltas éticas o legales. ¿Cuántas renuncias más se necesitan para entender que algo está mal en la forma en que se elige a quienes nos dirigen? ¿Hasta cuándo se seguirá desvirtuando el sentido original de instituciones fundamentales como Colonización?

Mientras tanto, los verdaderos destinatarios de la tierra —los pequeños productores, los jóvenes que quieren quedarse en el campo, las familias que sueñan con cultivar y vivir de su trabajo— siguen esperando. Esperando tierras, esperando oportunidades, esperando que alguien, alguna vez, recuerde para qué fue creado el INC.

El gobierno debe responder. No con eslóganes ni homenajes simbólicos. Con hechos. Y el primer hecho urgente es la renuncia del actual presidente del INC. Cualquier otra actitud será complicidad con la ilegalidad, indiferencia ante el despilfarro y traición al proyecto histórico que el país supo darse.