Uruguay debe defender sus fronteras, auditar los trámites migratorios y revocar las residencias y ciudadanías obtenidas fraudulentamente. La solidaridad con quienes buscan un futuro mejor no puede confundirse con permisividad ni con la renuncia del Estado a controlar quién ingresa y se establece en el país.

Uruguay tiene una tradición de país abierto, respetuoso de los derechos humanos y receptor de inmigrantes. Esa condición forma parte de su identidad y debe preservarse. Pero recibir a quienes llegan legalmente, dispuestos a trabajar, integrarse y contribuir al desarrollo nacional, no significa aceptar una política migratoria sin controles eficaces ni permitir que los procedimientos administrativos sean aprovechados para obtener beneficios al margen de la ley.

El problema no es la nacionalidad ni el origen de quienes llegan, sino la legalidad de su ingreso, la autenticidad de la documentación presentada y el cumplimiento de las condiciones exigidas para permanecer en el país. Uruguay no puede convertirse en un territorio donde resulte sencillo eludir los controles, obtener residencias mediante engaños o acceder a la ciudadanía utilizando procedimientos fraudulentos.

En ese contexto, el Gobierno debe investigar las denuncias y cuestionamientos relacionados con organizaciones de ciudadanos colombianos y cubanos que participarían en la orientación y gestión de trámites migratorios. También corresponde esclarecer si existieron irregularidades en la intervención de consultorios jurídicos o notariales y determinar si algún profesional o funcionario facilitó maniobras contrarias a la ley. Las responsabilidades deberán establecerse mediante pruebas, sin condenas anticipadas, pero también sin encubrimientos ni demoras injustificadas.

El Estado tiene la obligación de auditar. Debe revisar expedientes, verificar documentos, controlar los procedimientos de otorgamiento de residencias y ciudadanías y determinar si se cumplieron los requisitos legales. Cuando existan indicios fundados de fraude, deberán adoptarse las medidas correspondientes. Y si se comprueba que una residencia o ciudadanía fue obtenida mediante falsedades, deberá procederse a su anulación o revocación cuando legalmente corresponda.

La solución no es flexibilizar requisitos ni conceder nacionalidades para disimular las deficiencias del sistema. Es precisamente lo contrario: restablecer los controles, exigir el cumplimiento de la ley y evitar que quienes hayan recurrido al engaño obtengan ventajas frente a quienes respetan las normas.

La política migratoria también debe contemplar la verificación de antecedentes y la prevención del ingreso de personas vinculadas a organizaciones criminales. Uruguay no puede desentenderse de los riesgos asociados a modalidades delictivas como los préstamos extorsivos conocidos como «gota a gota», ni de los eventuales vínculos de determinadas personas con redes de narcotráfico. Cuando existan antecedentes o indicios concretos, las autoridades deben investigarlos y actuar conforme a derecho, sin generalizar ni atribuir conductas delictivas a comunidades enteras.

Otros países establecen requisitos de admisión, controles de identidad y verificaciones de antecedentes para quienes pretenden radicarse en sus territorios. Uruguay tiene el mismo derecho y la responsabilidad de aplicar criterios claros, objetivos y eficaces, compatibles con la legislación vigente.

La solidaridad no puede ser una coartada para la impunidad, así como el control migratorio no debe convertirse en una excusa para discriminar. Es posible recibir dignamente a quienes cumplen las reglas y, al mismo tiempo, impedir que delincuentes o personas que recurran al fraude se aprovechen de la hospitalidad nacional.

El país tiene derecho a controlar quién ingresa, quién obtiene residencia y bajo qué condiciones se concede la ciudadanía. Lo que no puede hacer es mirar para otro lado cuando fallan los controles. Auditar, investigar y revocar los beneficios fraudulentos, cuando corresponda, no es perseguir inmigrantes: es defender la legalidad, la seguridad y la confianza de los uruguayos en sus instituciones.