El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) difundió un balance de su gestión bajo el título “44 semanas de gestión, 44 hitos de la transformación”. El ministro Gonzalo Civila destacó aumentos e incorporaciones en prestaciones como la Tarjeta Uruguay Social y presentó una recopilación de acciones bajo el lema “Más Comunidad”. La narrativa oficial apunta a mostrar dinamismo, expansión de servicios y capacidad de respuesta frente a problemáticas sociales complejas. Sin embargo, una lectura menos complaciente obliga a preguntarse si estos llamados “hitos” no son, en realidad, la confirmación de un fracaso estructural que el país arrastra desde hace dos décadas.

Entre los principales logros enumerados se destaca el “Plan Invierno más grande de la historia”, con ampliación de cupos, funcionamiento las 24 horas y una cobertura que alcanzó a más de 13.000 personas sin hogar, un 20% más que en 2024. También se informa la disponibilidad de 8.266 plazas de alojamiento —50% más que el año anterior— y la extensión del servicio al interior del país.
Sería injusto afirmar que el ministerio no hace nada. La asistencia existe, los dispositivos funcionan y muchas personas encuentran allí un alivio inmediato frente a situaciones extremas. El problema es otro, más profundo y más incómodo: veinte años después de la creación del Mides, Uruguay sigue necesitando —y cada vez más— este tipo de respuestas de emergencia. Y eso, lejos de ser un éxito, debería encender todas las alarmas.

Cuando el Mides fue creado en 2005, el país salía de la peor crisis de su historia reciente. Ese año, el Producto Bruto Interno rondaba los 19.000 millones de dólares. En 2025, el PBI nominal alcanzó los 84.990 millones, según estimaciones del FMI. El crecimiento económico fue notable, sostenido en muchos casos, con viento internacional a favor. Sin embargo, ese crecimiento no se tradujo en la erradicación de los problemas sociales más extremos.

Los datos sobre personas en situación de calle son elocuentes. En 2006 se estimaban unas 320 personas durmiendo en la calle en Montevideo. En 2011 eran 353; en 2016, 556; en 2023, 1.375. Un censo del propio Mides en 2019 hablaba de más de 2.000 personas sin hogar. Investigaciones recientes estiman que hoy esa cifra ronda las 5.000 solo en la capital. La tendencia es clara y persistente: crece la economía, pero también crece la exclusión más visible.

Lo mismo ocurre con la inseguridad alimentaria. Según datos oficiales del propio Mides, el 13,2% de los hogares sufre inseguridad alimentaria moderada o grave, y casi el 2% atraviesa situaciones extremas, al punto de pasar un día entero sin comer. Estas cifras no corresponden a un país devastado por la guerra o el colapso económico, sino a uno que multiplicó su riqueza en menos de veinte años.

Tal vez no sea solo responsabilidad del Mides. Existen factores estructurales, fallas de otras políticas públicas y decisiones económicas que exceden a un ministerio. Pero resulta difícil celebrar como “hitos” lo que, en esencia, son respuestas paliativas a problemas que el propio sistema no logró resolver. Un Ministerio de Desarrollo Social y no de asistencialismo, debería medir su éxito por la reducción de estas situaciones, no por la cantidad de camas que logra habilitar en invierno.

Lo verdaderamente digno de festejo habría sido cerrar refugios por falta de demanda, no ampliarlos año tras año. Veinte años después, la permanencia del Mides y los datos que exhibe como logros terminan siendo, paradójicamente, la prueba más contundente de su fracaso.