La presencia de construcciones precarias en la Costanera Sur de Salto, a la entrada del barrio Arenitas Blancas, continúa generando preocupación entre los vecinos de la zona, que se ha plasmado en la lucha que la Comisión de Arenitas Blancas y Villa Maguey viene haciendo desde hace casi una década, reclamando una intervención efectiva de las autoridades. Se trata de ranchos instalados en la ribera del río Uruguay, en una zona considerada de alta sensibilidad ambiental y definida por la normativa vigente como espacio de uso público. Quienes transitan por la Costanera Sur se encuentran con una situación que, según denuncian los vecinos, se ha agravado con el paso del tiempo. Las construcciones, ocultas entre la vegetación, alteran el paisaje natural de una de las zonas con mayor valor escénico de la ciudad y generan una serie de riesgos asociados a la ocupación irregular del espacio.

Conexiones ilegales y riesgos para la seguridad

Uno de los aspectos más señalados por los residentes del lugar es la existencia de conexiones eléctricas clandestinas. De acuerdo a los testimonios recogidos por LA PRENSA, los ocupantes de los ranchos han realizado múltiples "cortes" en la vía pública para acceder al tendido del alumbrado público, enterrando cables de manera precaria hasta llegar a los postes de luz. "No menos de 5 cortes con cables enterrados se pueden ver en un segmento de 200 metros de calle" comentó un vecino a este vespertino.

Esta situación no solo constituye una ilegalidad evidente, que ha sido denunciado a la seccional policial cercana, sino que representa un riesgo potencial para la seguridad de quienes circulan por la zona y para los propios ocupantes de las viviendas. Las conexiones improvisadas, sumadas al uso cotidiano de electricidad y fuego para cocinar, aumentan las probabilidades de accidentes, incluidos incendios. De hecho, un par de años atrás se registró un siniestro de importantes dimensiones que destruyó varias de estas construcciones.

Dudas sobre la actividad real en la zona

Si bien algunos de los ocupantes se presentan como pescadores, los vecinos cuestionan esta versión. Señalan que en reiteradas oportunidades se ha observado el desarrollo de actividades ajenas a la pesca, así como la presencia de carteles de venta de combustible y la acumulación de objetos en desuso, como carros, motos, chatarra y residuos.

Esta situación contribuye, según los denunciantes, a la contaminación visual del entorno y al deterioro ambiental de la ribera, además de generar molestias y preocupación entre quienes viven legalmente en los barrios cercanos.

Un reclamo vecinal que lleva años

La Comisión de Vecinos de Arenitas Blancas y Villa Maguey viene trabajando sobre este tema desde al menos 2017. Ese año, la organización elevó una nota formal a la Intendencia de Salto, recepcionada con sello el 30 de Octubre de ese año, solicitando la inspección de los asentamientos y la aplicación de la normativa de ordenamiento territorial vigente.

En la misiva, los vecinos advierten que las construcciones se encuentran en una zona clasificada como suelo urbano no consolidado, con alta sensibilidad ambiental, donde deberían evitarse este tipo de asentamientos. También señalan que la ocupación de la faja costera impide el libre acceso de los ciudadanos a la ribera del río, un bien nacional de uso público.

Impacto ambiental y equidad

Entre los argumentos expuestos, la comisión vecinal remarca el impacto ambiental negativo, la depredación de flora y fauna autóctona y los riesgos derivados del manejo inadecuado del espacio. A esto se suma un planteo de equidad, ya que quienes ocupan de forma irregular estos terrenos no tributan ni asumen las mismas responsabilidades que los vecinos que han construido sus viviendas dentro del marco legal. Los residentes también advierten que la situación afecta la seguridad y la calidad de vida en la zona, alterando un estilo de vida que históricamente caracterizó a estos barrios.

Un escenario que suma nuevas tensiones

En los últimos tiempos, el conflicto adquirió una nueva dimensión ante la posibilidad de inversiones privadas en un predio ubicado frente a la línea de ranchos. Los vecinos temen que la persistencia de estas irregularidades complique el desarrollo de proyectos que podrían generar crecimiento urbano y mejoras para la zona.

Desde la comisión barrial esperan que las autoridades retomen el tema y avancen en una solución definitiva, atendiendo un reclamo que lleva años y que, según sostienen, busca preservar el espacio público, el medio ambiente y el derecho de los ciudadanos a disfrutar de la ribera del río.