Los conflictos laborales forman parte de la vida democrática y de la negociación colectiva. Sin embargo, cuando las autoridades dejan que los problemas se agraven, sin mediaciones firmes ni soluciones oportunas, el costo lo paga todo el país. Eso es precisamente lo que ocurre con dos situaciones recientes: la paralización de la pesca y el conflicto en Conaprole. Ambas han dejado en evidencia la falta de liderazgo del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuyas intervenciones fueron tardías, tímidas o inexistentes.

En el caso de la pesca, se permitió que pasaran los días sin una respuesta concreta. Mientras tanto, se acumularon pérdidas millonarias para las empresas exportadoras, que no pudieron cumplir con embarques ya comprometidos. El perjuicio no se limita a las cifras inmediatas: cuando un país no cumple con sus clientes internacionales, arriesga mucho más que dinero. Pierde credibilidad, arriesga mercados y se expone a sanciones contractuales. En un rubro tan competitivo como el pesquero, donde la fidelidad de los clientes se gana con años de esfuerzo, un retraso puede significar quedar fuera de la lista de proveedores confiables. Aquí la inacción oficial se traduce en un golpe directo a las exportaciones del país y, en consecuencia, a su economía.

En lugar de actuar con la rapidez que exigía el caso, el gobierno eligió mirar hacia otro lado, quizá con la ilusión de que el conflicto se resolviera por desgaste o por sí solo. Esa postura no solo fue ingenua, también irresponsable. En materia laboral, el tiempo nunca es neutral: cada día de parálisis implica pérdidas acumuladas, tensiones crecientes y consecuencias internacionales que costará revertir.

El panorama en Conaprole tampoco deja bien paradas a las autoridades. Aquí se observa un contrasentido que resulta difícil de explicar. La cooperativa láctea, que es emblema nacional y uno de los mayores motores de la economía uruguaya, se ve trabada por medidas sindicales que perjudican la producción y la distribución. Lo paradójico es que se trata de una empresa donde los trabajadores industriales tienen salarios muy superiores al promedio nacional e, incluso, en muchos casos ganan más que los propios tamberos que proveen la leche. Estos productores, pequeños y medianos en su mayoría, cargan con los costos y las dificultades de la producción primaria, pero terminan siendo los grandes perjudicados cuando los conflictos frenan el funcionamiento de la cooperativa.

Ante esta realidad, el papel del Ministerio de Trabajo debería ser claro: mediar con firmeza, exigir proporcionalidad en las medidas y defender la continuidad de la producción. Sin embargo, otra vez se observa una actitud vacilante, que deja crecer un problema que afecta directamente a miles de familias y a uno de los principales sectores exportadores del país.

Lo mismo cabe para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que debería ser el primero en advertir el riesgo de que Conaprole se vea debilitada por conflictos internos. No se trata solo de una disputa entre trabajadores e industria, sino de un problema que repercute en toda la cadena láctea y en la economía nacional.

El gobierno parece olvidar que la inversión, la producción y las exportaciones son los pilares sobre los que se sostiene la estabilidad del Uruguay. No se puede construir confianza internacional ni crecimiento económico si se permite que conflictos prolongados paralicen sectores estratégicos. La pasividad oficial envía un mensaje preocupante: que los intereses particulares, aún los de quienes ya cuentan con condiciones salariales ventajosas, pueden imponerse sobre el interés general sin consecuencias.

El país no puede darse el lujo de tener ministros espectadores. Se necesita un gobierno que asuma su responsabilidad de arbitrar, mediar y, cuando corresponde, tomar decisiones firmes en defensa del bien común. La pesca y Conaprole son ejemplos claros de lo que ocurre cuando esa función se descuida: se pierden millones, se resienten las exportaciones y se erosiona la confianza en el futuro. Todo, cuando el gobierno ha admitido que la economía esta complicada y en el mundo se desarrolla el proteccionismo.-