El Pit-Cnt ha sido históricamente uno de los pilares del movimiento obrero nacional. Su rol como articulador de las luchas sindicales, defensor de los derechos laborales y actor político de peso es incuestionable. Sin embargo, un actor con tanta influencia no puede, ni debe, estar exento de las reglas básicas de transparencia y rendición de cuentas que rigen a cualquier institución que maneje fondos provenientes del trabajo de miles de personas.

Según diversas fuentes, el PIT-CNT recauda anualmente cifras cercanas a los 12 millones de dólares por concepto de cuotas sindicales. A pesar de esta magnitud, la central no posee personería jurídica, lo que la coloca en lo legal en una zona gris. Este vacío impide, entre otras cosas, que la organización pueda ser demandada como tal o que esté sujeta a controles públicos más rigurosos. No se trata de una simple omisión administrativa: hablamos de una estructura que maneja recursos millonarios sin estar sometida al mismo escrutinio que otras organizaciones de similar peso económico.

Más preocupante aún es la falta de información pública sobre cómo se administra ese dinero. Si bien se menciona que existen contadores contratados y una comisión fiscal interna, estos mecanismos de control no suplen la necesidad de transparencia frente a los trabajadores afiliados —quienes sostienen financieramente al PIT-CNT— ni frente al resto de la sociedad. La existencia de rumores —ciertos o no— sobre dinero depositado en cuentas personales de dirigentes, “donaciones” exigidas de forma cuestionable y aumentos de cuotas sin control externo, alimenta la desconfianza.

En 2011, la recaudación mensual de la central rondaba los $800 mil pesos uruguayos; hoy se estima que supera los $2.500.000. Sin embargo, el número de afiliados que efectivamente cotizan apenas ha variado. El aumento en la recaudación no se debe a una mayor participación sindical, sino al incremento del monto que cada sindicato paga por afiliado. Esta realidad refuerza la necesidad de contar con auditorías independientes, informes públicos y mecanismos que permitan a los trabajadores saber cómo se usan sus aportes.

El tema de las licencias sindicales también merece atención. Muchos de los principales dirigentes del PIT-CNT se dedican full time a la actividad sindical, y sus sueldos son pagados por sus propios gremios o por el organismo estatal o privado. El argumento de que no se trata de un “negocio” y que el salario percibido es igual o menor al que ganarían trabajando en su rubro es válido, pero insuficiente. La opacidad en los números y el hermetismo a la hora de hablar de remuneraciones no contribuyen a disipar sospechas.

No se cuestiona aquí la vocación de los dirigentes ni la legitimidad de la lucha sindical. El problema radica en la falta de control externo y en la escasa voluntad de abrir las puertas a una fiscalización seria y profesional. Nadie pone en duda que la acción sindical requiere tiempo, estudio y compromiso, pero cuando ese esfuerzo se financia con el dinero de otros, hay una responsabilidad ética ineludible.

El PIT-CNT ha jugado y juega un rol crucial en la vida democrática del país. Pero ese rol exige estar a la altura no solo en el discurso, sino también en la práctica. La transparencia no es una concesión: es una obligación moral, política y legal. Si la central sindical quiere conservar —y fortalecer— su legitimidad frente a los trabajadores y a la ciudadanía, debe dar un paso adelante: constituirse formalmente, abrir sus cuentas, detallar salarios y gastos, y demostrar que el dinero de los trabajadores se gestiona con rigor y honestidad. Todo lo demás, son excusas que el Uruguay del siglo XXI ya no debería tolerar. Por todo lo señalado, estimamos que la propuesta y reclamo del diputado colorado Gabriel Gurméndez es de orden y así lo debería entender y atender,  la dirigencia de la central sindical.