La polémica instalada alrededor de la Fiscalía de Derechos Humanos deja, precisamente, una imagen que merece ser observada con atención: un fiscal y el círculo que lo respalda protestando porque se le asignaron nuevas tareas, mientras el país entero reclama que el Estado haga más con los mismos recursos. No se trata de desconocer la importancia de las causas vinculadas a las violaciones de los derechos humanos. Tampoco minimizar la complejidad de los expedientes que tramita la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Pero una cosa es defender la trascendencia de una función y otra, bastante diferente, es instalar la idea de que esa función debe quedar prácticamente al margen de cualquier revisión administrativa, redistribución de competencias o exigencia de mayor carga de trabajo.

La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, puso el dedo sobre una cuestión que resulta bastante más sencilla de lo que algunos pretenden hacer creer: si hay fiscalías desbordadas y otras que pueden asumir nuevas competencias, el Estado tiene la obligación de revisar cómo distribuye sus recursos.

La respuesta de Ricardo Perciballe fue denunciar públicamente la situación y recordar que su fiscalía no tiene solamente unas pocas causas, sino alrededor de 25 expedientes bajo el nuevo Código del Proceso Penal y unos 120 correspondientes al régimen anterior, además de las actuaciones que cada uno de ellos demanda.

Es un argumento atendible y debe ser escuchado. Pero escuchar un argumento no significa aceptar que cualquier modificación de tareas sea presentada como un ataque a la institucionalidad, un debilitamiento de la política de derechos humanos o una agresión contra quienes trabajan en esa área. 

La Fiscalía no es una propiedad privada. Ni un fiscal es dueño de las causas que tiene a su cargo. Y ninguna sensibilidad política o histórica puede convertir una oficina pública en territorio intocable. Fuera de esos despachos, está el Uruguay real. Está la víctima de un homicidio esperando justicia. Está la familia que reclama respuestas después de un delito violento. Están las investigaciones por narcotráfico, crimen organizado, violencia doméstica, delitos sexuales y cientos de situaciones que requieren fiscales, funcionarios y horas de trabajo.

Esos ciudadanos también tienen derechos humanos. Y tienen derecho a preguntarse por qué en determinadas áreas del Estado parece ofensivo hablar de eficiencia, distribución de tareas, productividad o resultados.

Estamos atravesando un período en el que el Estado debe cuidar cada peso. La economía no atraviesa una etapa de abundancia. Los organismos públicos reclaman recursos, los contribuyentes pagan impuestos y la sociedad exige que cada dependencia estatal utilice adecuadamente los recursos que recibe.

La Fiscalía no puede quedar fuera de esa realidad. No hay oficinas sagradas. No hay funcionarios públicos exentos de las reglas de administración. No debería haber competencias que puedan ser discutidas únicamente desde la sensibilidad política que las rodea. Todo eso está fuera de discusión.

El verdadero problema sería que el Estado tenga funcionarios, expedientes y capacidades disponibles y no sea capaz de utilizarlos donde más se necesitan. Porque, afuera hay un país que no está discutiendo teorías: está reclamando resultados. Porque está pagando, financiando, una Justicia que no puede tener privilegios para unos y eternas demoras para otros. Porque las prioridades deben estar donde siempre debieron estar: en las víctimas, en los ciudadanos y en una Justicia que debe funcionar para todos. No para las corporaciones. No para los discursos. Si para la gente.