Hay situaciones que parecen una ironía del destino, pero que en realidad son la consecuencia directa de años de malas decisiones. Que en estos días OSE haya tenido que salir a explicar por qué el agua que llega a miles de hogares de la cuenca metropolitana con mal sabor, olor y aspecto desagradables no es una anécdota pasajera: es una señal de alarma.

La explicación oficial apela a un argumento poco convincente. Según OSE, las lluvias registradas en la cuenca del río Santa Lucía habrían arrastrado restos biológicos hacia la planta potabilizadora, y parte de esos elementos lograron superar el proceso de tratamiento. El ente intenta llevar tranquilidad, asegurando que el agua turbia no representa un riesgo para la salud. Sin embargo, el relato se debilita al contrastarlo con la realidad: las precipitaciones fueron menores y la región atraviesa, de hecho, un período de sequía notoria. No hubo lluvias excepcionales que justifiquen un fenómeno de esa magnitud.

Lo ocurrido vuelve a exponer la fragilidad estructural de un sistema de abastecimiento excesivamente dependiente de una única cuenca, el rio Santa Lucía, que ya ha demostrado ser vulnerable tanto a la escasez hídrica como a la contaminación. Si esto no es una prueba de la precariedad del modelo actual, cuesta encontrar una definición más adecuada.

En ese contexto, también se vuelve necesario revisar discursos optimistas que no resisten el contraste con el territorio. Se ha insistido en que el proyecto Casupá garantizaría el suministro por varias décadas, pero hoy el arroyo que sería la base del futuro embalse es apenas un hilo de agua, incapaz siquiera de cubrir los tobillos de quienes viven en la zona. Prometer seguridad hídrica sin atender la realidad hidrológica es, como mínimo, imprudente.

A esto se suma un problema tan grave como históricamente desatendido: la red de distribución. OSE opera con cañerías antiguas, muchas de ellas con su vida útil largamente superada. El resultado son fugas permanentes que, según datos admitidos por la propia empresa, representan alrededor de un 25% del agua que se potabiliza cada día. En otras palabras, una cuarta parte del esfuerzo, del costo y del recurso se pierde antes de llegar al usuario.

La prioridad debería ser garantizar agua de calidad, en cantidad suficiente, con continuidad y con un plan serio y sostenido de mantenimiento y renovación de redes. Reducir las pérdidas a niveles lógicos no es un lujo, es una obligación básica de gestión. Más aún cuando se cobra una tarifa que no es baja y cuando cada litro de agua potable desperdiciado implica dinero perdido y un recurso natural malgastado.

La pregunta resulta inevitable: ¿cuánto se pierde diariamente en agua que no llega a ningún hogar? ¿Cuánto paga la ciudadanía por una ineficiencia que se arrastra desde hace años?

Todo esto es consecuencia de una mala gestión prolongada en el tiempo, agravada por decisiones que parecen más caprichosas que estratégicas. Obras pensadas más para el impacto político que para resolver las urgencias reales terminan postergando las soluciones de fondo. La reciente anulación del proyecto Neptuno, tras una intensa campaña de tinte más ideológico que técnico, empieza a mostrar sus costos. Se rechazó una alternativa sin tener otra madura y viable para responder a una problemática concreta y urgente.

El resultado está a la vista. Agua que no convence, explicaciones que no alcanzan y un sistema que sigue al límite. Cuando falla el agua, no falla la naturaleza: falla la gestión. Y mientras no se asuma esa responsabilidad, los problemas de OSE seguirán saliendo, literalmente, por la canilla.