El envío al Parlamento del proyecto de reforma del Código del Proceso Penal marca un nuevo capítulo en la discusión sobre el funcionamiento de la justicia en Uruguay. A casi una década de la entrada en vigencia del sistema acusatorio en 2017, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo —y que será presentada públicamente en la Universidad de la República ante autoridades y especialistas el 8 de abril — abre una instancia necesaria. Pero también plantea una pregunta de fondo: ¿alcanza con ajustar normas o estamos ante la necesidad de una transformación más profunda?

Según se ha informado, el proyecto recoge aportes técnicos de múltiples actores institucionales y fue elevado al presidente Yamandú Orsi como una síntesis de consensos. Sin embargo, en materia de justicia penal, los acuerdos técnicos no siempre alcanzan para resolver problemas estructurales que la ciudadanía percibe a diario: demoras, sensación de impunidad, desconfianza en los procesos y un sistema que, para muchos, no logra dar respuestas claras ni oportunas.

En ese sentido, resultan especialmente relevantes las observaciones del penalista Juan Fagúndez, quien advierte que una reforma acotada —limitada a unos pocos artículos— sería insuficiente. Su planteo apunta a algo más ambicioso: repensar el sistema en su conjunto, adaptándolo a la idiosincrasia nacional y a las expectativas de una sociedad que exige mayor eficacia y equilibrio.

El señalamiento no es menor. El Código del Proceso Penal no opera en el vacío; es la columna vertebral de un modelo que define el rol de fiscales, jueces, defensores y víctimas. Si ese engranaje presenta fallas, la solución difícilmente pase por ajustes parciales. La redefinición del rol de la Fiscalía, por ejemplo, aparece como uno de los puntos más sensibles. La percepción de un organismo excesivamente orientado a la persecución, en lugar de garantizar un proceso equilibrado, es una crítica que ha ganado espacio en distintos ámbitos.

Pero el debate no debería agotarse allí. Como bien señala Fagúndez, el problema también es estructural y, en buena medida, presupuestal. No hay reforma posible sin recursos adecuados. La sobrecarga de trabajo, la falta de personal y las limitaciones materiales condicionan cualquier intento de mejora. Pretender una justicia ágil y eficiente sin inversión sostenida es, en los hechos, una contradicción.

A esto se suma otro aspecto delicado: la independencia del Poder Judicial. Cuando la asignación de recursos depende en gran medida de decisiones políticas, se instala una tensión que puede afectar la autonomía real del sistema. No se trata de cuestionar el funcionamiento institucional, sino de reconocer una debilidad que debería ser parte central de cualquier reforma seria. El diagnóstico de que “la justicia está trabada” no es una frase aislada ni exagerada. Es una percepción extendida entre operadores jurídicos y ciudadanos. Y frente a ese escenario, la reforma en discusión representa una oportunidad. Pero como toda oportunidad, puede ser aprovechada o desperdiciada.

Si el proceso se limita a ajustes técnicos, probablemente el impacto sea marginal y la frustración continúe. Si, en cambio, se asume el desafío de encarar cambios de fondo —institucionales, culturales y presupuestales—, Uruguay podría dar un paso significativo hacia un sistema penal más justo, transparente y eficaz. La discusión está abierta. Y esta vez, más que nunca, lo importante no es solo reformar, sino hacerlo con la profundidad que la realidad exige.